Agenda para aportantes de fondos

La Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea no esperará las auditorías de la Superintendencia de Bancos para definir los recursos estatales que maneja cada fondo complementario previsional de cesantía o jubilación para emitir el informe de segundo debate del proyecto que busca pasar su administración al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

El vicepresidente de la mesa, Ángel Rivero (AP), y el integrante Fausto Cayambe (AP) descartaron ayer esta posibilidad después de la reunión que mantuvo el bloque el martes para conocer los detalles de la reunión en la Presidencia de la República, el domingo pasado.

De acuerdo al proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero, que espera el veto del mandatario, hay un plazo de 180 días para que la Superintendencia disponga las auditorías externas a estos fondos. Estas también están reconocidas en el proyecto reformatorio de la Comisión.

Pero Rivero dijo que el informe para segundo debate podría estar para la primera semana de septiembre y Cayambe explicó que el plazo de 45 días que estipula la ley para entregar el documento podría ampliarse solo bajo un pedido de prórroga.

El vicepresidente de la Comisión manifestó que la idea del proyecto sigue en que todo fondo que haya recibido recursos estatales pase al Biess. Pero reconoció que una “última alternativa” sería que los recursos netamente privados sigan siendo administrados por los fondos y que la parte estatal sea administrada al Estado. Esto al consultarle sobre qué pasaría con el dinero de los partícipes que entraron en el 2009, año desde el que quedó prohibido para los fondos recibir aporte patronal alguno.

En tanto, Cayambe cree que las alternativas de devolución de la parte estatal y demás fueron propuestas de los administradores, pero el presidente lo único que les dijo fue que las iba a analizar.

El también coordinador de bloque indicó que esperar a las auditorías para hacer la ley sería direccionar, cuando lo que se plantea es una norma general que regula los fondos.

Sobre el Fondo del Magisterio, que es el más grande de los 54, Rivero dijo que existe información de que sí recibieron aportes estatales (se refiere al documento entregado en la reunión del domingo en el que se señala que hay $ 15 millones de procedencia estatal) y que está por llegarles más datos de que existe dinero público.

La tarde de ayer, la Comisión sesionó en Ibarra para definir el cronograma de trabajo con fechas en las que se escucharán a los partícipes y administradores de los fondos con recorridos en algunas provincias, con el fin de elaborar y aprobar el informe para segundo debate.

Existen administradores de estos fondos que son funcionarios públicos y están recibiendo dietas, eso es causal de destitución (...). Esta ley permite transparentar".Ángel Rivero, asambleísta AP