El proyecto de ley que traspasaría la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados a manos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) establece la realización de auditorías para conocer el manejo de dichos recursos.

Según el asambleísta Fausto Cayambe, coordinador de bloque de Alianza PAIS (AP) y miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, será la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) la encargada de ese proceso.

De ser aprobada la norma que se tramita en la Asamblea Nacional y que ya pasó el primer debate, la SBS tendría 180 días para auditarlos.

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Según la disposición general décimo primera, una vez terminadas las auditorías el organismo de control pondrá en conocimiento de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (creada por el Código Monetario y Financiero), un informe con recomendaciones sobre el trabajo realizado.

El asambleísta explicó que, según el registro de la SBS, hasta diciembre pasado hay 206.831 partícipes distribuidos en 64 fondos previsionales con activos de $ 936 millones.

Hugo Villacrés, presidente del Directorio del Biess, expresó la semana pasada que aquellos recursos que han sido concedidos como créditos y los invertidos pasarán de la misma manera al Biess, pero previo al proceso de auditorías.

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El funcionario agregó que se respetarán los acuerdos entre quienes administran los fondos actualmente y los ahorristas.

El presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio (FCME), Juan José Castelló, dijo estar de acuerdo con dichas auditorías porque así se comprobaría que no existen recursos públicos en la constitución de sus ahorros.

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Jack Veloz, directivo del fondo del Banco Nacional de Fomento (BNF), afirmó que ellos están abiertos a ese proceso para que se conozca el monto de cartera invertida.

Milton Villavicencio, presidente del Fondo de los Empleados Civiles de las FF.AA. (Capremci), consideró que las auditorías que se harán son solo para conocer con cuánta plata contará el Gobierno ya que todos los años son auditados por la Superintendencia; además de los procesos de control internos y externos para conocer sobre las inversiones.