Un pedido de extinción de la pena y la ratificación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregaron ayer los abogados del exasambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa.

Los documentos fueron ingresados al despacho de la jueza nacional Lucy Blacio. Según Julio Sarango, defensor de los tres condenados por injuriar al presidente Rafael Correa, con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente, se extingue la causal por la que fueron procesados.

“En el tipo penal anterior se hablaba de los que hubieren presentado denuncias o acusación judicial que no hubiere sido probada durante el juicio. Ahora, en el artículo 271 se habla de la denuncia que no hubiere sido probada durante el proceso”, dijo Sarango, quien considera que el cambio de esa palabra anula lo actuado en el pasado.

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Milton Castillo, quien forma parte del equipo de la defensa, entregó a Blacio el documento del 1 de agosto en el que la CIDH le pide al Estado ecuatoriano información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por este organismo a favor de los tres sentenciados. “El cumplimiento de estas medidas no es discrecional”, dijo el jurista.