Cuatro aspectos del contrato que adjudicó el Gobierno a la empresa de comunicación estadounidense Mcsquared PR (MC2PR) llaman la atención del asambleísta de oposición Andrés Páez (CREO).

Primero, el alto monto de los rubros, que suman $ 6,4 millones. Además, que la empresa no acredite públicamente experiencia relevante. Tercero, que el contrato no esté publicado en Compras Públicas. Y por último, que se haya registrado con una demora de quince meses en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya que los agentes de gobiernos extranjeros deben hacerlo por ley.

Con base en estas observaciones, Páez inició una investigación de la legalidad del contrato. “Hay cifras absolutamente desproporcionadas en algunos rubros del contrato”, señaló el legislador, quien estudia seguir procesos legales en el país y en Estados Unidos.

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El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Gabriel Rivera (AP), indicó ayer que no ha recibido alguna denuncia al respecto y que la mesa no ha discutido la posibilidad de abrir un procedimiento de oficio. “Pero estamos abiertos”.

Si se presenta una denuncia y si la Comisión considera que se trata de un tema con posible responsabilidad política, que es su competencia, se seguirá con el trámite, afirmó.

El contrato, que estuvo vigente entre el 1 de mayo del 2013 y el 30 de abril de este año, fue firmado por la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Nathalie Cely Suárez. Antes, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Fernando Alvarado Espinel, analizó la oferta de MC2PR y solicitó su contratación.