La Corte Constitucional (CC) reconoció la competencia de la justicia común para juzgar y sancionar los delitos contra la vida (asesinato, homicidio o violación) en los que estén involucrados miembros de una comunidad indígena.

Así lo determinó el pleno del organismo en una resolución que aprobó ayer con el respaldo de seis de los nueve jueces.

Con esa decisión, que tomó a la CC tres años y medio, se resolvió una acción extraordinaria de protección planteada por los familiares de los jóvenes de la comunidad de La Cocha, ajusticiados como presuntos responsables del asesinato de un indígena. El hecho ocurrió en la comunidad de Guantopolo, provincia de Cotopaxi.

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El fallo, según el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, creará un precedente jurídico constitucional, ya que “dirime, precisa y configura el alcance de la justicia indígena, de las autoridades de justicia indígena y de la justicia ordinaria”.

Y también da directrices a los medios de comunicación públicos y privados sobre cómo hacer la cobertura de esos casos.

Días atrás, el juez de la CC Antonio Gagliardo dijo que la resolución serviría de precedente para el caso de la presunta matanza de indígenas tagaeri-taromenane, ocurrida en marzo del 2013 y que también está en consulta de la CC.

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La resolución indica que el pueblo de La Cocha es competente para resolver sus conflictos internos, pero que el juzgamiento y sanción de los delitos contra la vida es una facultad exclusiva de la justicia común.

En ese juzgamiento, precisa el fallo, se aplicará el convenio 169 de la OIT, que menciona como elementos de análisis la cultura y tradiciones.

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La Corte señaló la obligación de los medios de obtener una autorización de los líderes de la comunidad antes de difundir un proceso de ajusticiamiento.

Pazmiño agregó que la prensa también deberá “comunicar los hechos asegurando la veracidad y contextualización, reportando de manera integral los procesos de resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanción”.

Declaración
ANÁLISIS

Límites
El presidente de la CC, Patricio Pazmiño, dijo que la resolución no limita la justicia indígena frente a la ordinaria. “En ninguna parte existen derechos absolutos. Todos tienen límites y ese límite está marcado por el derecho de terceros y por el derecho nacional e internacional”, afirmó.

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Disculpa
La complejidad del tema, según Pazmiño, demoró a los jueces constitucionales la resolución del caso La Cocha. Por ello, pidió disculpas públicas.