Familiares de personas privadas de la libertad (PPL) y activistas de los derechos humanos entregaron ayer una carta al Ministerio de Justicia para pedir que no se traslade a las mujeres internas en la cárcel de El Inca a Cotopaxi.

La activista Lisette Coba dijo que el traslado podría significar el abandono de los hijos de las PPL. “Si bien los menores de 3 años viven con ellas, los que sobrepasan esa edad serían llevados a casas de acogida, albergues, y hemos visto que los niños regresan a buscar a sus madres y si las cárceles están lejos, a dónde van a regresar”.

También, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) pidió que Justicia informe sobre el nuevo modelo penitenciario y las condiciones de las PPL en Cotopaxi.