A nombre de Luis C., presunto dueño de Publi-Fast, habría ido la noche del jueves un abogado para conversar con Hernán Ulloa, defensor de casi 800 denunciantes de una supuesta estafa masiva de un negocio de ventas de publicidad on-line.

El supuesto representante de Luis C. fue para hablar de un acuerdo reparatorio para los afectados. “La cantidad que él ofreció para dar de entrada, ni siquiera iba a solucionar el problema de dos afectados”, indicó Ulloa, a quien el presunto abogado del demandado le pidió la reserva del nombre.

Ulloa prefirió no divulgar la cantidad ofrecida por quien se tomó el nombre de Luis C.; pero en una página de los afectados en Facebook se publicó que la oferta fue de pagar $ 30.000, y el compromiso de entregar una cantidad similar todos los meses hasta que se le cancele el dinero a los denunciantes.

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Publi-Fast tenía unos 100.000 afiliados, quienes habrían invertido más de $ 100, unos incluso pasaban de los $ 3.000. Solo en la Fiscalía Quinta de Soluciones Rápidas, en Guayaquil, hay más de 4.000 denuncias por esta supuesta estafa.

“Se puede extinguir la acción penal, pero reparando por lo menos la mitad del daño, con el compromiso de reparar la otra mitad en un plazo que no exceda de dos años, que es lo que establece la Ley”, acotó Ulloa.

Miguel Vélez, fiscal que lleva el proceso en Guayaquil, dice que más allá de que hablen entre las partes, la Fiscalía sigue de oficio con las investigaciones de la indagación. “Para la Fiscalía no cuenta eso (posibles acuerdos) porque no está dentro del expediente”, aseguró.