Las enmiendas constitucionales planteadas desde la mayoría oficialista en la Asamblea preocupan a las cuatro mayores centrales sindicales del país que ayer llegaron a la Corte Constitucional (CC), en Quito, para plantear alegatos en contra.

Dicha movilización, que se inició pasadas las 09:00, fue parte de la jornada de protestas que protagonizaron ayer estos grupos. Y a más de oponerse a la propuesta de enmienda, cuestionaron el proyecto de Código Laboral que presentó el Ejecutivo en mayo pasado.

Con féretros que anunciaban el fin del sindicalismo, decenas de trabajadores –en su mayoría de consejos provinciales– se apostaron en los exteriores del organismo. Esto ante la atenta mirada de policías que cuidaban que no hubiera desmanes.

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Los trabajadores se oponen a la reforma de los artículos 229 y 326 de la Constitución, que plantean que los trabajadores regidos por el Código Laboral pasen a la regulación la Ley del Servicio Público.

También cuestionan la forma en que se llevaría adelante la enmienda: para ellos, son reformas que afectan a la estructura del Estado y que deben ser sometidas a consulta popular y hasta a una Constituyente. No hacerse en la Asamblea.

Los representantes de los sindicatos fueron recibidos por la presidenta encargada de la CC, Wendy Molina; y los jueces María del Carmen Maldonado, Alfredo Ruiz y Antonio Gagliardo, estos dos últimos son parte de la Sala de Admisión que resolverá si el proyecto de la mayoría oficialista es aceptado a trámite.

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El representante de los servidores del sector público, Miguel García, dijo que con la enmienda se pone en riesgo la estabilidad de los trabajadores.

“Hay la intención de aplicar la compra de renuncias obligatorias y no lo pueden hacer mientras estén los trabajadores cobijados por el Código del Trabajo. Pero el momento que se les despoje de esta protección empezarán los despidos como ha sucedido en el sector público”, refirió García.

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Al hablar del Código Laboral, Mesías Tatamuez, dirigente sindical, dijo que los trabajadores están abiertos al diálogo y no tienen intención de confrontar con el Gobierno, sino de construir una normativa que no perjudique a la clase laboral.

“No podemos permitir que, por ejemplo, con tres retrasos se bote del trabajo a una persona o que la huelga de una empresa se la haga afuera de la empresa. Tampoco aceptamos que se dividan mensualmente los décimos”, dijo Tatamuez.

Las movilizaciones continuaron por la tarde, tanto en Quito como en Guayaquil.

En Quito, los trabajadores se concentraron en las afueras de la sede del Seguro Social buscando llegar hasta el Palacio de Carondelet, pero un cordón policial se los impidió.

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En medio de empujones contra los policías, los manifestantes gritaban consignas en contra del Gobierno y advertían de una “gran huelga nacional”.

En Guayaquil, hubo una jornada de condena al Código Laboral porque, según los sindicalistas, no se los consideró en la discusión del borrador.

Los manifestantes se congregaron en el parque Centenario. Allí iniciaron una caminata a lo largo de la av. 9 de Octubre.

Eduardo Ortega, presidente de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, indicó que los trabajadores están exigiendo que “se discuta y se debata el proyecto presentado hace dos años por las centrales sindicales en la Asamblea”.

600 mil 
trabajadores del sector público se verían afectados por la enmienda y el Código, según los sindicatos.

Denuncia
Supuesta detención

Activistas sociales
Dirigentes sindicales denunciaron que luego de las movilizaciones tres activistas sociales habrían sido detenidos. Ellos son Enver Orna, presidente de la Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE); Paúl Velásquez, presidente del Frente Popular de Pichincha; y Edwin Sánchez, de la Universidad Central. Al cierre de esta edición, la Policía no confirmaba su aprehensión. Según un comunicado, el abogado de los acusados, Marco Cadena, indico que no hay un parte policial sino que se buscaría imputarlos en base a videos del sistema ECU-911.