La mayoría de los presuntos casos de corrupción que detectó la Contraloría General del Estado se habrían cometido en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y en la Corporación Aduanera Ecuatoriana, que ahora se denomina Servicio Nacional de Aduanas. Así lo determinó un documento elaborado por la Fiscalía General, basado en los informes con indicios de responsabilidad penal que recibió del organismo.

Según ese documento, de 1.293 informes que llegaron a la Fiscalía en los últimos seis años, el 57 % (737 casos), corresponde a investigaciones por supuesto peculado.

Las estadísticas que maneja la Fiscalía indican que 491 casos (38 %) se mantienen en la fase de indagación previa, 181 (14 %) recibieron sentencia, 90 (7 %) están con auto de llamamiento a juicio y 64 (5 %) están en la fase de instrucción fiscal.

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El documento señala que en el 2007 la Contraloría remitió a la Fiscalía 143 informes; en el 2008, 113; en el 2009, 267; en el 2010, 197; en el 2011, 162; en el 2012, 223; y en el 2013, 188. Hasta mayo del 2014, el organismo remitió 45 denuncias.

Entre los procesos que inició la Fiscalía por un informe de la Contraloría está el denominado La Majadita, en la que supuestamente se perjudicó en $ 4,8 millones al Estado.

También el del préstamo supuestamente irregular por un monto de $ 800 mil que entregó el Banco Cofiec al ciudadano argentino Gastón Duzac.

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En mayo pasado, la Contraloría y la Fiscalía suscribieron un acuerdo para hacer un seguimiento conjunto a las investigaciones de estos casos.

Según el contralor, Carlos Pólit, muchos de sus informes fueron desechados por fiscales que anteponían resultados de peritajes. “Quiero saber si los informes no fueron contundentes o si algo les faltó para que un perito pueda determinar qué hacer con un informe de Contraloría”, dijo Pólit.

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“Esos peritajes los realizaban dos o tres personas, y nos llama la atención que con estos se tiraban abajo los informes de Controlaría”, señaló el fiscal general Galo Chiriboga.