El juez segundo de Garantías Penales de El Oro, Ramiro Loai-za, dictó prisión preventiva contra el mexicano Ernesto R., supuesto fundador de una compañía de marketing on-line, por el presunto delito de captación de dinero y estafa.

La audiencia de formulación de cargos se realizó el pasado jueves en Machala, después el extranjero fue detenido para investigaciones. Unas 22 personas denunciaron una supuesta estafa por parte de la compañía al presuntamente no recibir, desde hace unos dos meses, sus haberes por trabajar en esta.

El fiscal de Delitos Flagrantes de El Oro, Javier Tocto, ratificó que existen unas veinte denuncias de personas que trabajaban para la mencionada empresa. “El mexicano los convencía a las personas para ganar dinero, pero al parecer las engañaba”, sostuvo el agente.

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Una de las supuestas víctimas es Álex Aguilar, quien denunció que su familia habría sido estafada con dos mil dólares. “Somos víctimas de una estafa a través del internet, es una pérdida de mil dólares y otros mil de mi esposa; la empresa puso unas oficinas donde se cobraba el dinero”, explicó.

La compañía on-line, según las primeras investigaciones, llevaba operando pocos meses en la provincia de El Oro y un centenar de personas prestaba sus servicios en ella, pero hace sesenta días, al parecer, comenzaron los problemas con los pagos. “Nos hicieron unos cambios en la forma de pago y hace dos meses no nos pagaban”, reclamó una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, quien presentó una denuncia en la Fiscalía.

La detención del extranjero se produjo al mediodía del jueves en un hotel del centro de Machala, donde estaba reunido con unas 25 personas, cuatro de las cuales también fueron aprehendidas por la Policía, pero luego liberadas.

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Los supuestos perjudicados contaron que para ingresar a la compañía debían hacer un depósito de entre $ 250 y $ 410 como membresía, y que luego recibían ganancias mensuales de 100 dólares por postear publicidad en internet.

Al igual que en el caso Publi-Fast, cuyas denuncias superan las cuatro mil, los afiliados debían reclutar más personas. Se presume que hay militares entre los miembros.

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El mismo Ernesto R. explicó que supuestamente se presentaron problemas de transferencias internacionales y que llegó al país a conversar con los afiliados y admitió, además, que su negocio funcionaba en unos 20 países latinoamericanos.

La Fiscalía anunció que una vez que se dio apertura a la instrucción fiscal se prevé realizar varias diligencias en Machala para establecer vínculos con otras personas.

Ayer comenzó con el allanamiento de las oficinas de la empresa, ubicadas en un edificio de las calles Sucre y Páez, en donde se presume se receptaban las inscripciones.

El fiscal provincial Bolívar Figueroa informó que se recogieron evidencias, entre ellas documentos de transacciones internacionales hacia Panamá, Perú e incluso Alemania.

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También encontraron hojas que tenían impresas el logotipo de la compañía Publi-Fast.