Mientras Alianza PAIS (AP) busca blindarse con argumentos jurídicos para que la Corte Constitucional (CC) acepte los cambios constitucionales por la vía de enmienda, desde la oposición se señala que hay temas que requieren de reforma con referéndum y otros hasta con una Constituyente.

La Constitución define las dos últimas vías cuando se trata de cambios que afectan derechos, alteran la estructura del Estado o la forma para modificar la misma Carta Magna.

En el ámbito de los derechos estarían las propuestas de poner a la comunicación y a la información como servicio público y la regulación de la acción de protección; mientras que en el de la estructura del Estado, la reelección indefinida.

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Los dos primeros temas todavía están siendo analizados para incluirlos en el proyecto y el último ya está considerado.

Luis Fernando Torres (PSC- Cambio), constitucionalista y asambleísta, dijo que poner a la comunicación y a la información como servicios públicos y limitar la acción de protección para evitar “su abuso” es restringir derechos y eso, según la Carta Magna, solo podría cambiarse convocando a una nueva Constituyente, no a través de una enmienda que pase por la aprobación de la Asamblea.

“El momento en que se limita una garantía se le despoja a la Constitución de su esencia, y cuando se convierte un derecho de libertad en servicio público, igualmente se destruye la base del Estado constitucional de derechos”, dijo Torres.

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Pero Ximena Ponce (AP) dijo que en el caso de la comunicación, al colocarlo como un derecho que tendrá que prestarse a través de un servicio público, se lo está garantizando y mejorando, no restringiendo. Y sobre la acción de protección, agregó que impedir los abusos no es restringir los derechos.

Fausto Cayambe, coordinador del bloque oficialista, señaló que en casos como la comunicación y las Fuerzas Armadas que apoyen en la seguridad interna, lo que se está haciendo es “elevar a la Constitución” lo que ya consta en la Ley de Comunicación y la reforma que se realizó hace poco a la Ley de Seguridad del Estado.

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Torres también cuestionó la reelección indefinida para el mandatario porque Ecuador es una república presidencialista y cualquier cambio que tenga que ver con este cargo de elección popular incide directamente en la “autoridad”, uno de los elementos del Estado.

En el mismo oficialismo existen criterios divididos sobre temas que están en análisis y que no están dentro de los doce anunciados la anterior semana. Uno de esos es la integración de la Corte Nacional de Justicia y de las cortes provinciales.

Para algunos asambleístas de AP este cambio sí podría afectar la estructura del Estado y para otros no, según comentó Virgilio Hernández. Él cree que no la altera porque no se está cambiando a la Función Judicial, sino que se está permitiendo mayor flexibilidad.

Estamos siendo muy cautelosos de que (los cambios) no tengan afectación o regresividad en derechos ni afectación en la estructura del Estado”.Ximena Ponce, AP