Human Rights Watch denuncia decreto sobre refugiados ante Corte de Ecuador

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) introdujo este lunes ante la Corte Constitucional de Ecuador una opinión en contra de un decreto que regula la obtención de asilo en el país, el de mayor número de refugiados en la región.

"El decreto implica la violación de las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por Ecuador de proteger a refugiados y solicitantes de asilo", señaló HRW en un comunicado difundido en Washington.

Según el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, "Ecuador debería ofrecer a los refugiados una oportunidad razonable de solicitar asilo", y "debe cumplir" sus obligaciones sobre la materia.

La presentación de amicus curiae (que realizan terceros ajenos a un litigio ofreciendo su opinión), se da en el marco de un procedimiento iniciado en 2012 ante la Corte Constitucional ecuatoriana por las organizaciones no gubernamentales Asylum Access Ecuador y la Clínica Jurídica de la Universidad de San Francisco de Quito, que objetan la constitucionalidad del decreto.

En el documento de 16 páginas, HRW argumenta que el decreto "vulnera derechos de debido proceso y cercena otros derechos fundamentales" de refugiados y solicitantes de asilo.

Además, "supone importantes obstáculos para la protección de las personas refugiadas en Ecuador y América", señala la organización, que ya había pedido la revocación de la norma en 2013.

El decreto 1.182 firmado por el presidente Rafael Correa establece un plazo de 15 días, a partir de la fecha de ingreso a Ecuador, para presentar una solicitud de asilo, así como la posibilidad de rechazar el pedido a quienes han cometido delitos y la facultad de revocar el estatus de refugiado a quienes ya lo ostentan.

Según HRW, los plazos para solicitar asilo son "breves e inflexibles" y los funcionarios tienen "amplia discrecionalidad" para excluir a solicitantes de asilo o revocar el estatus de refugiado.

En Ecuador hay más de 56.000 personas con estatus de refugiado, lo que le ubica como el país de la región con mayor número de asilados. De ellos, 98,5% son colombianos que han huido del conflicto armado.

El gobierno ecuatoriano sostiene que invierte unos 60 millones de dólares cada año en la atención de los refugiados.