Dos viviendas fueron allanadas la madrugada de ayer por la Policía y la Fiscalía, que investigan las denuncias de una supuesta estafa en contra de la compañía Publi-Fast.

En el operativo se decomisaron cheques, recibos, documentación y materiales de oficina de la citada empresa.

Agentes de la Policía Judicial (PJ) junto a miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) acudieron hasta las calles Buenos Aires y Chambers, en el sur de Guayaquil, para ingresar en una vivienda que, según el fiscal Miguel Vélez, era utilizada como centro de operaciones de la desaparecida empresa cuyos titulares actualmente tienen orden de aprehensión.

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Entre los documentos incautados había carpetas de supuestos clientes de localidades como Milagro (Guayas), Quevedo (Los Ríos), Pasaje y El Guabo (El Oro), en donde se detallaba el pago por apertura de cuentas.

En esta propiedad de dos plantas se encontró también cajas con documentación presuntamente de Quito, además de cheques con diversas sumas de dinero y comprobantes de pago. Sobre unos escritorios había credenciales de supuestos empleados que tenían como año de caducidad el 2015.

Algunos de los cheques tenían pagos de $593, $875, $375 y $268; sin embargo, muchos de ellos no tenían el nombre del beneficiario, pero todos eran de una sola cuenta de un banco de esta ciudad.

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Las autoridades también destacaron el hallazgo de un testimonio de escritura en una notaría de Guayaquil, pero no se reveló su contenido.

Según denuncias de perjudicados, los representantes de Publi-Fast les obligaban a elaborar facturas en una imprenta de esta ciudad, la cual dejó de funcionar hace unos días.

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El fiscal Miguel Vélez, a cargo del allanamiento, dijo que por el tipo de documentación encontrada la presunta estafa fue masiva y a nivel nacional, y que se trataba de una empresa bien organizada que logró expandirse gracias al Internet.

Indicó que en el sitio había varios teclados pero los CPU no estaban; “sin duda, en ellos podía haber información exacta de los perjudicados y movimientos de la empresa”, expresó.

La segunda vivienda allanada, al parecer, sería de la madre del dueño de Publi-Fast, ubicada en las calles Gómez Rendón entre Chile y Chimborazo, donde había una imprenta, lugar al que habrían acudido algunos denunciantes para elaborar las facturas, dijo Vélez.

Se informó que no hubo detenidos en los allanamientos y que las dos viviendas estaban deshabitadas.

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El fiscal manifestó que a diario llegan hasta su despacho entre 30 o 50 denuncias de los supuestos perjudicados en el caso de Publi-Fast.

“La cifra sigue aumentado, cada día llegan personas a denunciar. Llegan desde Macas, Cuenca y Santo Domingo, quienes dijeron que habían sido contratados en Guayaquil”, manifestó Vélez.