Por segunda ocasión desde que la Constitución fue aprobada en el 2008, la Corte Constitucional (CC) deberá definir si proceden cambios a su texto.

En el 2011, el organismo avaló el referéndum que el Ejecutivo solicitó para modificar algunos puntos de la Carta Política y este año prevé conocer un pedido de enmienda que viabilizaría la reelección indefinida en la votación del 2017.

Su resolución será clave para el presidente e impulsor de la propuesta, Rafael Correa.

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El pasado martes, él afirmó que su decisión personal de lanzarse otra vez dependerá de “dos momentos”: del veredicto de la Corte y de la coyuntura política de los próximos años.

“Esto lo tendrá que decidir la Corte Constitucional, pero es obvio que lo que se requiere es enmienda”, insistió Correa, el pasado martes en Guayaquil.

El régimen impulsa la tesis de modificar la Carta Magna a través de una enmienda en la Asamblea, porque no se reformaría la estructura del Estado.

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La norma establece otras vías y especifica, en su artículo 443, que la CC calificará cuál de los procedimientos corresponde en cada caso (ver arte).

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (Alianza PAIS), anunció que la próxima semana elevaría la consulta al organismo.

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La CC es el máximo órgano de control e interpretación constitucional.

El organismo que resolverá la solicitud no es el mismo que el que tramitó el referéndum en el 2011, aunque tres de sus nueve jueces fueron parte de la anterior administración.

Ese año, el Ejecutivo empujó un referéndum y consulta popular para introducir cambios en la Constitución, con el primer mecanismo, y reformas legales, con el segundo.

El 17 de enero del 2011 remitió el cuestionario a la Corte, cuyo pleno emitió su resolución al mes, el 15 de febrero.

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El dictamen modificó la forma y fondo de ocho de las diez preguntas. Pero el pleno desechó un informe de minoría que reparaba en la constitucionalidad de ciertas interrogantes.

Se trató del análisis que la entonces magistrada Nina Pacari Vega levantó sobre cuatro de las cinco preguntas del referéndum. Ella detectó restricciones a ciertos derechos y sugirió una Asamblea Constituyente.

En la mayoría que avaló el referéndum y consulta popular, que se realizaron en mayo del 2011, estuvieron los jueces Patricio Pazmiño, Ruth Seni y Manuel Viteri Olvera.

Los tres ejercen en la actual institución, que asumió en noviembre del 2012, luego de un concurso público.

El Ejecutivo los nominó, al igual que a Tatiana Ordeñana, quien también quedó jueza.

El director del Observatorio de Derechos y Justicia, Enrique Herrería, considera que la presencia de estos y otros magistrados genera dudas sobre la imparcialidad con la que actuarán.

“Si uno analiza la trayectoria de la mayoría de integrantes de la CC, casi todos tienen un cordón umbilical que los une a la Presidencia”, dice.

Herrería acusa al organismo de ser un “instrumento del poder político” y, a modo de ejemplo, refiere la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Comunicación, que aún no tiene dictamen. Él anticipa que la solicitud del Ejecutivo será resuelta en el término pedido por él.

Pero el asambleísta Fausto Cayambe, uno de los coordinadores de bloque de AP, cree que no hay que adelantar criterio. Él espera que la resolución de la CC sea en el marco de la ley.

Trámite
En institución

Norma que rige a CC
La Ley Orgánica de Control y Garantías Constitucionales establece el procedimiento a seguir ante una iniciativa de enmienda constitucional.

Tiempos antes del pleno
La norma indica que mediante sorteo se deberá elegir al juez que sustancie la causa, quien tendrá 45 días para emitir un informe. Luego deberá trasladarlo al pleno de la CC.