Organizaciones de la sociedad civil acudieron este martes al Consejo De Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) con un solo pedido: que busquen un diálogo con el Gobierno Nacional para que se derogue el Decreto 16, que regula el funcionamiento de estas entidades.

En el pleno del organismo se reunieron consejeros y representantes de organizaciones como la Junta Cívica de Guayaquil, la Confederación de Barrios del Ecuador, el Frente Popular, Fundamedios, la Federación de Estudiantes Secundarios, entre otros.

El presidente del Cpccs, Fernando Cedeño, reconoció que al hacer un análisis del documento "hay una serie de inconvenientes como confundir organizaciones ciudadanas con organizaciones no gubernamentales", algo en lo que coincidió la vocal, Marcela Miranda.

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El consejero Hugo Arias planteó a las organizaciones sociales que se "unan" y elaboren un manifiesto para que se derogue este decreto o se elabore una reforma radical.

Los representantes también expusieron sus argumentos.

Pablo Cornejo, presidente de la Confederación de Barrios del Ecuador, sostuvo que el Decreto 16 afecta "gravemente a los derechos y elimina la participación ciudadana".

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Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, agregó que no se respeta el derecho a la libre asociación y afecta a su autonomía.

Carlos Castellanos, de la Confederación de Comerciantes Minoristas, reclamó que pese a que han intentado registrarse en el sistema de la Secretaría de la Gestión Política, como lo exige el decreto, no lo han logrado; en tanto que el plazo para hacerlo vence el 20 de junio próximo.

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César Ricaurte, de Fundamedios, calificó a la normativa de "discrecional y ambigua" y aseguró que afecta la libertad de asociación cuando se plantea la disolución de las organizaciones por no ceñirse a sus actividades o por participar en actividades políticas.

A su criterio, debe derogarse el decreto y elaborarse otro en el que exista debate y que promueva la participación.

El estudiante Mauricio Chiluisa, líder de la Federación de Estudiantes Secundarios, detalló que han querido inscribir su directiva, como exige el Ejecutivo, pero les piden documentos "ridículos" y sobre todo que para obtener alguna certificación deben acreditar tener 18 años, aunque ellos son menores de edad.

Según se informó en este encuentro, en la Corte Constitucional están presentadas cuatro demandas en contra del Decreto ante la Corte Constitucional, pero que no han sido resueltas pese a estar en trámite.

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