Los ecuatorianos radicados en Málaga, Pamplona e Islas Baleares dispondrán en breve de un staff de abogados para atender los casos de deudas hipotecarias. Es la nueva medida adoptada por la Embajada de Ecuador en España para dar respuesta a la problemática de desahucios que afecta al colectivo de inmigrantes que adquirieron viviendas durante el boom inmobiliario y que por la crisis económica y la falta de empleo no pueden pagar sus préstamos.

El nuevo grupo de letrados trabajará en las dependencias de los consulados en Málaga y Palma de Mallorca. En Pamplona, utilizarán una oficina cedida por el ayuntamiento de la ciudad. En la actualidad hay una veintena de profesionales que gestionan el seguimiento de las demandas de los connacionales en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia.

El servicio se ha extendido de tres a cinco días semanales, en horario continuo. "Si antes había que esperar entre uno y dos meses para poder recibir el asesoramiento de los abogados; ahora eso se ha reducido a menos de una semana", sostiene el embajador Miguel Calahorrano.

Publicidad

Los resultados del incremento en el número de letrados, la extensión del horario y la implementación de un nuevo sistema informático se resumen en las estadísticas que indica el diplomático: "mientras a lo largo de 2013 se realizaron 11.000 asistencias; solo en los cuatro primeros meses del año el número ha sido de 5.000". Según sus cálculos, esas 16.000 atenciones han permitido ayudar a 12.000 familias.

El servicio, que en un inicio se centró solo en brindar asesoría jurídica gratuita, se ha complementado con una labor de acompañamiento y de negociación con las entidades financieras. "Hemos conseguido frenar el acoso de los bancos", asevera Calahorrano.

Desde septiembre, cuando se amplió el radio de acción de los letrados, se han conseguido 358 daciones en pago, condonaciones de deuda y alquileres sociales.