Las familias de los 33 niños que murieron calcinados en un autobús incendiado en Fundación, una población del norte de Colombia, demandarán al Estado por omisión.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que ese organismo asesorará a las familias en este caso para establecer qué instituciones del Estado “omitieron cumplir con sus funciones” de control al transporte público de pasajeros.

Otra irregularidad detectada es que en el autobús viajaban solo dos adultos para acompañar a decenas de niños, algunos de ellos de dos y tres años de edad. Según la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, el autobús incendiado no estaba habilitado para circular desde el año 2012.