Un informe elaborado por un grupo de juristas y defensores de los derechos humanos, que respaldaron el pedido de consulta popular impulsado por YASunidos, recoge las supuestas irregularidades cometidas durante el proceso de verificación de firmas, así como las agresiones y quejas denunciadas por el colectivo.

El documento, que detalla los casos en 31 puntos, recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) que investigue a los empleados que intervinieron y audite el sistema.

Lo firman Arturo Villavicencio, Farith Simon, Nina Pacari, Elsie Monge, Carlos Larrea, Marcos Martínez y Ramiro Ávila, quienes debían integrar una comisión mixta “de alto nivel” con los consejeros del organismo para así solucionar ciertas divergencias entre las partes.

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El reporte indica que los miembros del CNE nunca se incorporaron. Tiene fecha 6 de mayo del 2014 y, según el sello, fue recibido por el Consejo al día siguiente.

Esto es, ingresó en la víspera de que el pleno del organismo resolviera que YASunidos no había conseguido el mínimo de rúbricas requeridas para dar paso a una consulta popular.

La agrupación quiere que se pregunte a los ecuatorianos en las urnas si están o no de acuerdo con mantener el crudo del bloque ITT bajo tierra, en un sector del parque Yasuní.

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Mañana se cumplirá un mes desde que el grupo entregó 107.088 formularios al CNE.

El informe señala que el colectivo “nos ha hecho conocer pruebas satisfactorias de diferentes irregularidades”, que estarían relacionadas “con la inaplicación de preceptos constitucionales y la discrecionalidad en la aplicación de la ley por parte del CNE”. Se afirma que esto “podría invalidar el proceso de verificación de firmas y vaciar de legitimidad lo actuado por la institución”.

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En el reporte se detallan 21 “agresiones y arbitrariedades” y 10 “peticiones de información, denuncias y quejas”.

En el primer apartado se refieren “campañas de desprestigio” en contra de YASunidos, falta de independencia en el personal contratado para la verificación, discrecionalidad por parte del CNE en el número de delegados que se podía acreditar, ruptura en la cadena de custodia de las cajas que contenían los formularios y las cédulas de los recolectores, entre otros.

Sobre este último punto, Pedro Bermeo, uno de los voceros de la agrupación, aseguró que existía un video donde funcionarios del Consejo fueron “sorprendidos” con cajas abiertas, sin la presencia de veedores.

El segundo apartado del informe enumera los distintos oficios remitidos a la institución, y que según los activistas no habrían sido respondidos o no tendrían respuestas claras.

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Aquí se da cuenta del incumplimiento del acuerdo firmado el pasado 21 de abril para crear la comisión mixta.

Asimismo, el CNE estableció que el horario de trabajo sería desde las 08:30 hasta las 17:00 pero que hubo personal que se quedaba “hasta altas horas de la noche sin la presencia del colectivo YASunidos, del notario y la Defensoría del Pueblo”.

Fabricio Astudillo, integrante de la agrupación, denunció que no existieron las garantías durante todo el proceso y que el reporte daba cuenta de “irregularidades gravísimas” que el CNE debe esclarecer.

Dijo que esperaban la notificación oficial para insistir en la realización de una auditoría.

Al respecto, el vicepresidente del organismo, Paúl Salazar, aseguró que la entidad estaba abierta a ella, “en tanto y en cuanto se cumpla y se respete la ley y los reglamentos”.

Salazar afirmó que varias de las denuncias del colectivo eran “infundadas” y que desde el principio “trataron de deslegitimar este proceso”.

Cómo se repite la vieja cultura política, es una falta de respeto al Estado, a la dignidad del CNE; y así amenazan con juicios e irse a la Corte Internacional. Bueno, en la Corte nos veremos.Domingo Paredes Presidente CNE