Ley de Comunicación es base de sanciones por ‘discrimen’

Por: Xavier Ramos y Santiago Molina

Fue el 9 de abril pasado. “Pido disculpas al pueblo afroecuatoriano y a la colectividad de diversa orientación sexual por haber dicho en este espacio, el 7 de enero de 2014, que ya no se puede decir lo que la asambleísta (Alexandra) Ocles, de Alianza PAIS (AP), en su denuncia dice que no se puede decir”, decía el periodista Alfredo Pinoargote en el programa Contacto directo de Ecuavisa. Cumplía así con una resolución de la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom) que lo obligó a disculparse por emitir contenidos supuestamente discriminatorios, alegándose el artículo 62 de la Ley de Comunicación.

Este caso se deriva de unas declaraciones de Pinoargote, quien en su espacio de opinión dijo que hay un sistema de restricción de la libertad de expresión que lleva a que “ya no se les puede decir a los gays maricas, a los afros no se les puede decir negros...”. La Supercom recibió la denuncia de Ocles el 20 de enero pasado y emitió la resolución en 72 días.

Otro caso. Diario Extra publica en la portada del 26 de agosto del 2013 la foto de la modelo colombiana Claudia Hurtado, quien aparece de espaldas con vestimenta erótica junto al titular ‘Empieza bien parado la semana con tu Lunes Sexy picante. Claudia Hurtado ¡Tremenda ‘potra’ carajo!”.

La asambleísta Soledad Buendía (AP) solicita el 29 de enero a la Supercom que revise el caso y 57 días después, el 27 de marzo último, el organismo dispone una disculpa pública “por el tratamiento sexista y estereotipado” de la mujer.

Mientras Ocles y Buendía dirigieron sus quejas a un canal privado y a un medio que según el presidente de la República, Rafael Correa, sustenta a diario Expreso, los colectivos de grupos vulnerables plantearon denuncias esta semana contra programas cómicos por considerarlos discriminatorios. Se trata de Mi recinto TC Mi Canal), Los compadritos (Canal Uno) y La pareja feliz y Vivos (Teleamazonas).

Estos casos han generado un debate sobre los parámetros que se consideran para calificar ciertos contenidos como discriminatorios. Según el reglamento de la Ley de Comunicación, al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) le compete establecer si el contenido denunciado es discriminatorio y a la Supercom le toca fijar la sanción respectiva.

En una conferencia realizada el 10 de abril pasado en Quito, el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, defendió las resoluciones de la entidad: “Me he pronunciado sobre la necesidad de que también el periodismo gráfico respete los derechos de las personas, las leyes y las órdenes legítimas de las autoridades públicas; sobre la necesidad de defender los derechos de las mujeres de un trato sexista que se refiere a ellas como animales u objetos de placer sexual”, dijo Ochoa, según la página web de la Supercom.

Daniela Salazar, miembro de la clínica jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, opina que la Ley de Comunicación faculta a la autoridad para que dirima ante contenidos que para unos pueden ser discriminatorios y para otros no. Producto de ello, afirma, “ya se empiezan a ver sanciones por lo que el superintendente podría considerar que no es ético” e incluso sanciones a la opinión.

Anunziatta Valdez, activista del movimiento de mujeres, cree que el papel del Estado no puede reducirse a sancionar. “También debe promover políticas públicas que orienten y eso no se está dando con la fuerza debida”, dice.

A ambas les preocupa, además, que la Supercom haya priorizado los casos contra medios privados. Las siete sanciones administrativas emitidas entre enero y marzo pasados han sido contra Ecuavisa, RTS, Extra y este Diario.

Los colectivos de grupos vulnerables critican que se haya actuado en ciertos casos con mayor rapidez respecto de las demandas que ellos vienen planteando.

El secretario del Consejo del Pueblo Montubio, Juan Navarrete, afirma que el tema ya ha sido tratado en la Cordicom desde marzo pasado. “La regularización debe ser a la par y equitativo aplicando el sentido de la Ley (de Comunicación) en todo aspecto. Hay puntos en los que no se ha avanzado de forma trascendental”, dice el dirigente, quien agrega que Tamara Merizalde (miembro del Cordicom) se ha comprometido en lo que queda de este mes a tener una resolución al respecto.

Un caso aún sin resolución es el planteado contra el denominado campeonato de El Nalgómetro, que se transmitió en el programa Soy el mejor, de TC Mi canal. El espacio consistía en medir el movimiento de los glúteos de las mujeres.

El 7 de febrero pasado, Juan Francisco Torres, secretario de la Juventud Comunista del Ecuador, planteó ante la Supercom una queja contra el programa. Desde entonces la entidad le ha pedido más información como señalar al responsable del espacio, según Torres. La Ley de Comunicación establece en sus artículos prohibiciones y regulaciones dirigidas a los medios de comunicación. Torres afirma que ha señalado como responsable “a Gabriela Pazmiño” (la presentadora del programa).

En el 2012, la Defensoría del Pueblo hizo un seguimiento de una semana a la programación emitida en horario triple A (de 19:00 a 22:00) en siete canales de cobertura nacional. Concluyó que en los espacios de comedia se hallaron parámetros de racismo, sexismo, machismo y fobia a las diversidades sexuales.

De 93 denuncias planteadas ante la Supercom hasta marzo, 77 han sido tramitadas y se han emitido 14 sanciones.