La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó su inquietud por la situación de la libertad de expresión en Ecuador, uno de los problemas que destacó en su Informe Anual del 2013 sobre los derechos humanos en la región.

La Comisión comenzó por recordar “las graves restricciones” derivadas de la Ley Orgánica de Comunicación.

“En su articulado la ley consagra algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. No obstante, al regular dichos principios la ley establece gravosas restricciones que hacen que los principios mencionados resulten prácticamente ineficaces”, apuntó el informe.

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Según la CIDH, la legislación crea una entidad llamada “Superintendencia de Información y Comunicación”, cuyo titular sale de una terna enviada por el presidente, lo cual puede cuestionar su independencia.

“Este funcionario administrativo carece de las garantías institucionales mínimas para poder operar en condiciones de autonomía e independencia del Gobierno y, sin embargo, tendrá dentro de sus competencias la facultad de fiscalizar a todos los medios de comunicación”, insiste la Comisión.

Asimismo, el informe afirma que el “Gobierno de Ecuador ha continuado la práctica de utilizar los medios públicos para estigmatizar de manera sistemática a ONG, defensores de derechos humanos y periodistas que han opinado o informado en forma crítica respecto a actuaciones estatales”.

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Y reiteró su preocupación por la existencia de normas penales usadas para sancionar el ejercicio de la libertad de expresión, y de normas civiles con las que se podrían imponer sanciones desproporcionadas contra personas que han criticado a altos funcionarios públicos.