La liberación de quienes la oposición venezolana considera presos políticos amenaza en convertirse en el principal escollo en los intentos de diálogo que promueve la Unasur para aliviar la crisis política de una Venezuela polarizada.

La coalición que representa la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentó, en la reunión del martes pasado, un proyecto de ley de amnistía para beneficiar a presos y exiliados políticos del régimen chavista, que rechazó el gobierno.

“Hay una cantidad de venezolanos que son prisioneros por causa de sus luchas cívicas. El gobierno lo ve de modo distinto, pero hay coincidencia en que eso es un problema. Hemos propuesto una ley de amnistía, pero no ha sido aceptado. Vamos a explorar otros caminos para abordar esos temas”, dijo Ramón Aveledo, secretario de la MUD.

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El canciller de Brasil, Luiz Figueiredo, destacó la disposición del Ejecutivo de discutir casos puntuales de los llamados “presos políticos”, como el del comisario Iván Simonovis, a quien reiteradamente se le ha negado un trato humanitario. Se designará una junta médica que examine su salud.

El ministro del Interior, Miguel Rodríguez, dijo inclusive que el gobierno podría considerar una ley de amnistía.

No obstante, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, salió al paso para desmentir al ministro. En su cuenta de Twitter dijo que “no hay ninguna propuesta de ley de amnistía, esa es una matriz opositora para generar confusión, la impunidad es enemiga de la paz”.

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Al arresto de Simonovis, en el gobierno de Chávez, se suman los de los policías metropolitanos Erasmo Bolívar, Arube Pérez, Marco Hurtado, Héctor Rovain y Luis Molina, condenados por el golpe de abril del 2002; así como Rolando, Otoniel y Juan Guevara, sentenciados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson, hace nueve años, de acuerdo con registros del Foro Penal Venezolano.

El ala radical de la oposición y la dirigencia estudiantil, quienes mantienen las protestas en las calles, aseguran que no se sentarán a dialogar hasta que no existan “condiciones” y tienen entre sus principales exigencias que se conceda la amnistía a los estudiantes y autoridades detenidos desde que se iniciaron las manifestaciones.

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El partido Voluntad Popular (VP), fundado por el líder opositor Leopoldo López, recolecta cinco millones de firmas que entregarán en las oficinas de Derechos Humanos del Vaticano y la ONU para solicitar el apoyo a la liberación de más de 80 presos políticos.

En declaraciones a El Universal, el líder de la Alternativa Democrática y alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, dijo que en Venezuela “no hay justicia”. “Hay alcaldes presos que fueron sometidos a procesos absolutamente arbitrarios”, señaló.

Según el Foro Penal Venezolano, los detenidos por manifestarse en los últimos dos meses, más de 2.200, son presos políticos. “Todo el que haya sido detenido arbitrariamente por razones políticas es preso político, no importa si lo encarcelaron un día, dos días, un año o diez”, dijo Alfredo Romero, director de la ONG.

La directora de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) destacó que son presos políticos incluso los que son dejados en libertad plena o con procesos abiertos.

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Ambas organizaciones incluyen en el listado a quienes fueron detenidos en abril del 2013 por protestar contra los resultados electorales que le dieron un estrecho triunfo al presidente Nicolás Maduro que ayer cumplió un año en el poder. De esa época se contabilizan 179 detenidos, todos fueron liberados.

Al momento, Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, y Carlos Vecchio, dirigente de VP, están en la clandestinidad por órdenes de detención judicial en su contra.

En su informe anual, la organización Human Rights Watch denunció que en Venezuela el Poder Judicial en gran medida ha dejado de actuar independiente del gobierno.

“Durante el gobierno del presidente Chávez y del actual presidente Maduro, la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos”, cuestionó.

En septiembre del 2013, Maduro bloqueó la posibilidad de que los venezolanos puedan denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos en que hay evidente indefensión y abuso de autoridad, no solo judicial sino también policial.

En la lista
Personajes públicos

Iván Simonovis
Excomisario, acusado de dos muertes durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002.

Leopoldo López
Líder opositor, el viernes cumplió 2 meses de detención, acusado de promover protestas violentas.

Daniel Ceballos
Alcalde destituido de San Cristóbal. Fue condenado el 25 de marzo pasado a un año de prisión.

Enzo Scarano
Alcalde destituido de San Diego por no impedir las barricadas. Sentenciado a 10 meses y 15 días de prisión.