El proyecto de ley oficialista en Argentina para limitar los cortes o cierres de las calles para hacer protestas ciudadanas alimentó ayer las críticas desde distintos sectores, incluidos simpatizantes del kirchnerismo, que lo consideran un recorte de derechos, informaron medios locales.

El fiscal porteño Martín Lapadú aseguró ayer que el proyecto, llamado “ley antipiquetes” por la prensa, se asienta “sobre ilícitos, porque es una manera de legalizar lo ilícito y asegurar su impunidad” y, que de aprobarse, la capital no se adherirá por entrar en conflicto con la legislación local sobre el espacio público.

Las críticas de Lapadú sobre la iniciativa, presentada el pasado miércoles en la Cámara de Diputados argentina por miembros del gobernante Frente para la Victoria, se unieron a las del político y sindicalista kirchnerista Luis D’Elía, quien manifestó que al proyecto de ley le falta debate.

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“Hay que llamar a las organizaciones sociales para ver qué pensamos”, reclamó también el dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, que integra el Movimiento piquetero de la CTA (Central de Trabajadores de Argentina).

En tanto, la Policía de Buenos Aires detuvo a 100 personas y decomisó 85 armas en 46 allanamientos simultáneos en el marco de la emergencia decretada de seguridad pública.