El único ecuatoriano entre los finalistas del concurso para el cargo de relator especial para la Libertad de Expresión, Juan Pablo Albán, ofrece impulsar cambios en esta instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si resulta elegido. Esto se sabrá en julio próximo.

Albán desempeñó otras funciones en la CIDH entre el 2003 y el 2010 en Washington.

¿Por qué quiere llegar a esta relatoría que ha sido criticada por algunos Estados?
Como defensor de derechos humanos y académico, he estado preocupado por la progresiva desaparición de la libertad de expresión en nuestro país. De otra parte, creo que buena parte de las críticas tienen que ver con la priorización de ciertos aspectos del mandato de la relatoría. Hay temas que no han sido materia de atención: fijación de estándares, desarrollo de estudios sobre cuestiones como el monopolio de los medios y otros. Hay varios temas en los que valdría la pena ampliar el trabajo.

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Eso explicaría por qué algunos gobiernos de la región, autodenominados progresistas, califican a la relatoría como una instancia que obedece a ‘poderes’...
No coincido con esa crítica. Yo creo que lo que vienen haciendo varios gobiernos de descalificar a la CIDH y la tarea de la relatoría, oculta es la intención de no acatar sus obligaciones internacionales.

¿Cómo cambiar esa visión?
Algunas de estas críticas pudieran ser manejadas a partir de dar una mayor atención a otros temas afines a la relatoría, como la radiodifusión comunitaria, los problemas de concentración de medios, la dinámica entre la falta de acceso a la libertad de expresión y la pobreza, los mecanismos de restricción indirecta que estos gobiernos promueven... Pienso que ciertas actividades de la relatoría pudieron ser equivocadamente leídos.

El Gobierno afirma que impulsa una campaña para reforzar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). ¿Es así?
Aunque el propósito declarado es de fortalecimiento, la conducta del Gobierno evidencia que su intención no es esa. Si fuera así, sería interesante discutir mecanismos para garantizar las funciones, lo que pasa por un mejor financiamiento y un acatamiento de las decisiones. Creo que hay una intención de desmantelamiento del SIDH.

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¿Y qué tan avanzado cree que está este propósito, cuando en la última asamblea de la OEA sobre cambios al SIDH, la mayoría de propuestas de Ecuador no se acogieron?
Mi lectura personal es que a estas alturas ya se quedó solo. Luego de esa asamblea, quedó en evidencia que no existe una intención generalizada de minar la actividad de los órganos del sistema.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó que en varios países hubo restricciones por sus leyes de medios. ¿Qué opina de la Ley de Comunicación en Ecuador?
Pienso que contiene una serie de mecanismos peligrosos que serían constitutivos de una censura previa. A eso se suma que, bajo el argumento de la determinación de responsabilidades ulteriores, se genera un efecto disuasivo en los comunicadores cuando de expresar un punto de vista se trata. El pensamiento no delinque; la opinión de las personas no puede estar sujeta a una sanción.