El Gobierno de Ecuador condena "la campaña difamatoria" que, a su juicio, desarrolla "la empresa petrolera Chevron" contra el Estado ecuatoriano, en un conflicto que desde el principio, insiste, ha sido un asunto privado, dijo este sábado el viceministro de Relaciones Exteriores, Leonardo Arízaga.

"El Estado de Ecuador se está defendiendo de las acusaciones de la petrolera Chevron, que ha gastado 400 millones en una campaña de desprestigio contra el país, acusándole de una contaminación que ellos causaron", afirmó Arízaga.

El Gobierno de Rafael Correa, explicó el viceministro, no entiende que Chevron demande al Estado por un problema, que insistió, es exclusivamente privado.

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"El conflicto comienza entre privados, entre los colonos e indígenas afectados por la contaminación y la compañía, y en todo ese proceso el Estado no interviene. Siempre ha sido un juicio entre privados", sostuvo.

"Lo que a nosotros nos molesta y de lo que nos defendemos es de la campaña de desprestigio", añadió.

La petrolera estadounidense Chevron adquirió en 2001 Texaco, otra compañía petrolera de ese país que entre 1964 y 1992 trabajó en la extracción de petróleo en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana.

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El Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a colonos e indígenas de la zona ecuatoriana de Sucumbíos, demandó a la petrolera estadounidense en un tribunal de Nueva York, por haber causado daños a su salud y al medioambiente.

Se inició entonces una batalla legal y se traslada la corte ecuatoriana de la ciudad amazónica de Lago Agrio, que condenó a la empresa a pagar 19.000 millones de dólares, que fueron rebajados por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador a 9.500 millones de dólares.

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Ahora, el litigio se encuentra en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, donde Chevron presentó en 2009 una demanda contra el Gobierno de Ecuador, acusando a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), actual Petroecuador, de ser la única responsable.

Más de veinte años después, la zona de Lago Agrio sigue contaminadas y existen numerosos lugares en esa región amazónica ecuatoriana donde hay restos de petróleo y otros productos utilizados en la extracción, que según las autoridades ecuatorianas han hecho aumentar y agravado distintas enfermedades.

Los habitantes de la zona esperan a que este conflicto se resuelva, mientras la petrolera se desentiende de la responsabilidad legal, y el Ejecutivo de Ecuador subraya que "la demanda de los afectados se hizo sobre la base de las mil piscinas en Lago Agrio en las que operaba, exclusivamente, Texaco".