El gobierno de Ecuador no acatará las medidas cautelares que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del asambleísta Cléver Jiménez (PK), su asesor Fernando Villavicencio y del activista Carlos Figueroa.

Según el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, “este es un tema terminado. Le informaremos a la Comisión que no vamos a acatar lo que no estamos obligados”.

Esta respuesta sería enviada a la CIDH oficialmente el próximo lunes, cuando vence el plazo de quince días que le otorgó ese organismo para emitir su pronunciamiento sobre las medidas cautelares.

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Mera insistió, asimismo, que evalúan, con otras autoridades del Gobierno, solicitar una “opinión consultiva” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), para que aclare si la Comisión tiene o no la potestad para solicitar cautelares. La decisión se anunciará en estos días.

La defensa de los tres sentenciados exigió ayer a la jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Lucy Blacio, que sea ella quien decida y aplique las medidas cautelares. En una providencia, ella pidió al mandatario Rafael Correa que emita su criterio.

Si no lo hace, dijo Julio Sarango, abogado de los tres sentenciados, ella incurriría en responsabilidades civiles y penales. “Agotaremos las instancias internas para que el caso llegue a la Corte Interamericana, ante la cual pediremos indemnización por los daños y perjuicios causados a Jiménez, Villavicencio y Figueroa”, dijo.

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Además, advirtió a Blacio y a los otros quince jueces que actuaron en el trámite de este proceso planteado por el delito de injurias, con solicitar a los gobiernos venideros que inicien un juicio de repetición para que se restituyan los daños ocasionados al Estado ecuatoriano con la condena. “Se lo hará en este o en cualquier otro régimen”, aseguró.

A juicio de Mauricio Alarcón, abogado de la ONG Fundamedios que patrocinó el pedido de medidas cautelares ante la Comisión, el Estado debería respetar y acatar las cautelares, pues son obligatorias.

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Alarcón insistió que le corresponde a la jueza Blacio decidir sobre la aplicación de las cautelares, sin consultar a Correa, considerando que es una de las partes interesadas, pues fue él quien planteó la demanda de injurias. “Es un caso de clara injerencia en la Función Judicial ya que se permite que el Ejecutivo intervenga”, indicó.

Como jefe de Estado yo no reconozco la capacidad de dictar medidas de la Comisión. El país no tiene por qué acoger novelerías de la burocracia internacional.Rafael Correa Presidente