El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, expresó el lunes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) carece de atribuciones para dictar medidas cautelares como las concedidas a tres opositores ecuatorianos, entre ellos un legislador, condenados a prisión por injuriar al presidente Rafael Correa.

"Volvemos a reiterar, la CIDH no tiene competencia para solicitar medidas cautelares. Ver Art. 18 de su Estatuto. Lo demás es politizar DDHH", dijo el diplomático a través de su cuenta en Twitter.

Volvemos a reiterar, la CIDH no tiene competencia para solicitar medidas cautelares. Ver Art. 18 de su Estatuto. Lo demás es politizar DDHH

Ese artículo establece las atribuciones de la CIDH, que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que es duramente criticada por el gobierno de Correa. Empero, entre las facultades no figura la de conceder medidas cautelares.

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Ecuador dice que CIDH no tiene atribuciones para dictar medidas cautelares

El lunes, la Comisión solicitó al Estado ecuatoriano que "suspenda inmediatamente" los efectos de la condena a 18 meses de prisión que la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) dejara en firme para el parlamentario opositor Cléver Jiménez y su asesor y periodista Fernando Villavicencio por injurias contra Correa.

Por el mismo caso, también fue sentenciado a seis meses de cárcel el médico Carlos Figueroa, quien junto a Jiménez y Villavicencio denunció al mandatario en 2011 ante la Fiscalía por presuntos delitos de lesa humanidad tras acusarlo de ordenar a las Fuerzas Armadas rescatarlo a sangre y fuego de un hospital en Quito, donde el gobernante se había refugiado de una rebelión policial en 2010, que dejó 10 muertos.

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La justicia rechazó la denuncia por temeraria, tras lo cual Correa contrademandó y entabló el proceso por injurias que derivó en la condena.

En su resolución, la CIDH considera que "la condena penal privativa de la libertad en el presente asunto genera un grave riesgo de daño irreparable a la libertad de expresión".

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Además señala que tendría un "efecto intimidatorio" en los afectados y también en otros periodistas y legisladores, y en otras personas que pretendan denunciar a funcionarios públicos.

Jiménez, del movimiento Pachakutik (brazo político del principal sector indígena) fue reelegido asambleísta en 2013 para un período de cuatro años.

Acompañado de Figueroa, el diputado se encuentra en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, al sureste, de donde es oriundo y hay grupos de nativos opositores a Correa, de acuerdo con su abogado, Julio César Sarango.

En tanto, Villavicencio se encuentra desde hace casi dos meses en Estados Unidos.

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El viernes, la justicia ecuatoriana dictó las órdenes de prisión contra los tres, quienes fueron condenados en 2013 mediante un fallo que la CNJ dejó en firme en enero último.