Dura arremetida de Carlos Ochoa contra los medios en audiencia por Ley de Comunicación

Cerca de cuatro horas duró la audiencia en la Corte Constitucional donde Luis Fernando Torres (PSC-Cambio), Enrique Herrería, abogado de la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep), y el catedrático Farith Simon defendieron las  acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de normas contenidas en la Ley Orgánica de Comunicación tanto por la forma como por el fondo. Son 64 artículos impugnados: Mas de 16 principios constitucionales, 1 pacto internacional sobre Derechos Humanos y 2 sobre violaciones a la declaración universal de Derechos Humanos.

Tanto Herrería como Torres y Simon argumentaron las inconstitucionalidades de la Ley y sus contradicciones con la Constitución. En la audiencia intervinieron también Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, quien pidió a los jueces dejar insubsistentes estos tres recursos y dio sus argumentos "desde el punto de vista constitucional".

Además, participaron Carlos Ochoa, superintendente de Información y Comunicación; Paúl Mena, abogado de la Secom, Diego Guarderas, asesor jurídico del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación; y, delegados del Colectivo con mi Propia Voz, de la Confedeeación de Periodistas, Colectivo Pensar Libre, Corape y Alex Campaña por sus propios derechos. No se permitió el ingreso de la prensa.

En sus quince minutos de alocución, Mera sugirió a los jueces constitucionales analizar si se han violado los derechos constitucionales "con el pretexto de preservar otros derechos constitucionales en la ley de Comunicación".

El problema de las personas que me han precedido, dijo Mera, (refiriéndose al asambleísta Torres, al abogado Enrique Herrería,  Farid Simon y Francis Abad, representante de la Asamblea), "es que muchas veces se quiere expresar que el derecho a la libertad de expresión es limitado (en la Ley de Comunicación) pero no es así, porque este derecho también está en la Constitución".

La opinión del Ejecutivo, dijo, es que "no se ha abusado, ni reprimido, ninguna libertad de expresión de los medios de comunicación". Según Mera, "se habla mucho de alegatos, escritos, de opiniones de las Relatorías de la Libertad de Expresión (sobre la Ley de Comunicación), pero estas opiniones no tienen ningún valor vinculante para el Gobierno nacional...  cualquier informe de Relatoría el Gobierno y nuestro sistema jurídico considera que no es vinculante y no debe ser escuchado".

En el turno del Superintendente Ochoa, la jueza ponente María del Carmen Maldonado tuvo que llamarle la atención e insistirlepor tres ocasiones que se remita al tema. "Aquí​ me llama la atención ver unas cuantas personas que prácticamente se desgarran las vestiduras en defensa de la libertad de expresión.

Creo que debemos conocer los antecedentes de unos cuantos de ellos para calibrar la doble moral porque lo que antes fue malo hoy es bueno. Les pregunto a ellos en su propia cara dónde estaban ellos... porque ahora se llenan la boca hablando de derechos; por ejemplo el señor Herrería que el 30-S pidió la amnistía de golpistas y hoy pretende defender la Ley y la Constitución", dijo Ochoa en medio del malestar  de los demandantes que exigían la réplica y el llamado al orden de la jueza.

"Remítase al tema por favor", "Ruego al señor superintendente mantenga la línea que hemos planteado, dijo la jueza. Pero Ochoa arremetió contra el director de Diario HOY, Jaime Mantilla, y también contra Diego Cornejo, presidente de la Aedep.

"... La Ley de Comunicación respeta los preceptos constitucionales para que la información sea precisa, verificada, oportuna, contextualizada... contiene el linchamiento mediático para los que han estado acostumbrados a afectar la dignidad de las personas... dispone la responsabilidad ulterior... la Ley pone en igualdad de condiciones a periodistas, medios, receptores... Nunca más la feria de frecuencias", insistió Ochoa.

Y terminó diciendo "señoría en ustedes está, o volvemos al tiempo de los urinarios o democratizamos la palabra en este país". La Corte Constitucional señaló que en el plazo de 72 horas, los participantes de la audiencia deberán enviar documentación adicional que respalde lo afirmado esta mañana. No hay plazo para que la Corte se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la Ley que está vigente desde el 25 de junio del 2013.