El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se mostró este lunes dividido al debatir sobre las atrocidades cometidas en Corea del Norte entre los que quieren que el caso se eleve a la Corte Penal Internacional y aquellos que rechazan de plano la existencia de una comisión de investigación y sus conclusiones.

Michael Kirby, presidente de la comisión de investigación de la ONU sobre Corea del Norte, presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos el extenso informe que elaboró junto a otros dos expertos y en el que se documentan "masivas y sistemáticas" violaciones de derechos humanos, que alcanzan el grado de crímenes contra la humanidad.

"La gravedad, la escala, la duración y la naturaleza de las innombrables atrocidades cometidas en el país revelan un Estado totalitario que no tiene ningún otro paralelismo en el mundo contemporáneo", dijo Kirby, quien comparó el régimen de Pyongyang con los sistemas de gobierno aplicados bajo el nazismo, el "apartheid" (segregación racial) o los jemeres rojos.

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Entre los crímenes contra la humanidad documentados de manera precisa y exhaustiva figuran "exterminio, asesinato, esclavitud, desaparición forzosa, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos, privación de alimento, desplazamiento forzoso de poblaciones y persecución por motivos políticos, religiosos, racionales o de género".

Unas violaciones que hoy negó categóricamente el embajador de Corea del Norte ante la ONU en Ginebra, So Se Pyong, quien acusó a la comisión de "estar políticamente motivada" y de ser un instrumento de Estados Unidos y de "fuerzas hostiles" para "acabar con la existencia" del país.

"Lo que el Consejo debería estar haciendo es investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por Estados Unidos en su propio territorio y en el exterior", afirmó el diplomático.

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So criticó que la comisión haya basado sus "supuestas evidencias" en entrevistas hechas a "criminales que escaparon de su país" y que residen en el exterior.

Como la comisión no tiene autorización para entrar en territorio norcoreano, ha elaborado su informe en base a entrevistas realizadas en terceros países a 240 testigos directos que lograron escapar de Corea del Norte.

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Chen Chuandong, el consejero chino que tomó la palabra durante la sesión en el Consejo, explicó que Pekín devuelve a su país de origen a todos los norcoreanos que detiene en su territorio "porque los norcoreanos que entran ilegalmente en China no son refugiados, sino criminales".

Precisamente, Kirby solicitó a la comunidad internacional que aplique el principio de "non-refoulement" (no devolución) para los norcoreanos porque en su país de origen podrían ser perseguidos.

Una petición que fue aplaudida por los países occidentales, especialmente por los miembros de la Unión Europea (UE), que anunció que, junto a Japón, presentará una resolución que incluya el principio de "non-refoulement" para los ciudadanos norcoreanos.

Asimismo, la resolución de la UE pedirá que se haga lo necesario para llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI), tal y como solicita la comisión.

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"Están ocurriendo crímenes contra la humanidad en Corea del Norte que nuestra generación debe parar urgente y colectivamente. El resto del mundo ha ignorado la evidencia durante demasiado tiempo, ahora no hay excusa porque ahora sabemos", subrayó Kirby.

Como Corea del Norte no es signatario del Estatuto de Roma, documento fundacional de la CPI, este tribunal no puede iniciar una investigación, sino que debe esperar a que sea requerida por el Consejo de Seguridad de la ONU.

En línea con Pyongyang y Pekín, tanto La Habana como el Grupo de países No Alineados criticó la mera existencia de la comisión argumentando que "la imposición no ayudará al diálogo", en palabras de la embajadora cubana, Anayansi Rodríguez Camejo.

Cuba, China y el Grupo abogaron por que el análisis sobre el respeto de los derechos humanos en cualquier país se limite al sistema del Examen Periódico Universal (EPU), evaluación a la que todos los miembros de la ONU deben someterse.

Algo que rechazaron los Estados occidentales que quieren que, más allá del EPU y de mantener la figura del relator especial para Corea del Norte, se establezca algún otro sistema que permita seguir vigilando las atrocidades cometidas por el régimen de Kim Jong-un.

Robert King, enviado especial de Washington para Corea del Norte, dejó claro que las dos prioridades son "algún tipo de presencia sobre el terreno para seguir monitoreando" y avanzar en la asunción de responsabilidades por parte de los que permiten y cometen atrocidades.

"Nada en nuestras vidas pasadas podría habernos preparado para lo que hemos oído (contado por las víctimas) -confesó Kirby- Es nuestro deber acabar con las violaciones a los derechos humanos que suceden en Corea del Norte. No importa lo lejos que esté, hay personas que están esperando que actuemos".