Informe cuestiona contratos de la Judicatura de transición

Tras un año de investigaciones, la Contraloría General del Estado estableció el incumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en la implementación del programa de reestructuración y modernización de la justicia del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), presidido por Paulo Rodríguez.

Esto, según las conclusiones de ese organismo, le generó dificultades al realizar la auditoría a la contratación, ejecución de obras y remodelación de inmuebles para la Función Judicial (FJ), por el periodo de julio del 2011 a marzo del 2013.

En ese lapso, la Contraloría examinó contratos por un monto de alrededor de $ 98,5 millones.

La auditoría, que se inició en febrero del 2013 –en cumplimiento a la orden de trabajo que emitió el contralor Carlos Pólit– revisó 47 procesos precontractuales, entre estos constan 16 ejecuciones de obras, 15 de fiscalización y 13 estudios y diseños de contratos, así como también 3 adjudicaciones correspondientes a una ejecución de obra y 2 fiscalizaciones.

Aunque realiza observaciones a todo el proceso de contratación de obras, la Contraloría se limitó a recomendar a las autoridades de la Judicatura en funciones (desde enero del 2013) que realicen correctivos para enmendar errores.

En su informe, el organismo de control concluye que el CJT, en sus 18 meses de gestión (julio del 2011 a enero de 2013), no realizó control interno para supervisar las inversiones.

Tampoco organizó expedientes que permitan hacer seguimiento de los contratos suscritos durante la emergencia judicial, cuya documentación no fue publicada en su totalidad en el portal de compras públicas.

La Contraloría solicitó información a los contratistas y administradores por la falta de información en el CJT.

Según la Contraloría, la Judicatura no contó con una estructura orgánica que determine a los responsables de la construcción de la infraestructura civil, lo cual generó una falta de control interno, en ese organismo.

Además, se adjudicaron contratos a proveedores que no cumplieron los requisitos legales y hubo documentos que no fueron notariados, pese a que por su elevado monto debían cumplir con esa formalidad.

Asimismo, se otorgaron 23 contratos de fiscalización a profesionales como consultores individuales, para áreas que no se relacionaban con su profesión.

En 11 contratos, según la Contraloría, el CJT aceptó garantías de fiel cumplimiento de entidades que no tenían autorización para otorgarlas y en otros ocho casos permitieron que existan periodos sin cobertura de la obra.

Adicionalmente, la Contraloría identificó diez contratos de estudios y diseños con entregas retrasadas en relación a los plazos contractuales, ampliaciones y suspensiones aprobadas.

Este Diario intentó contactar vía telefónica tanto a los miembros de la Judicatura de Transición como a los actuales funcionarios, pero no obtuvo respuesta.