Esas divisiones sociales que en la década de los 80 y 90 evidenciaban las telenovelas venezolanas, con historias de amor marcadas por la diferencia de clases, se reflejan hoy en las calles de una Venezuela polarizada. El país está dividido en torno a un modelo político y económico implantado hace 16 años y que enfrenta –en las últimas dos semanas– el reclamo de jóvenes por los altos niveles de inseguridad, la inflación y la escasez de alimentos.

Pese a ser el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, 300.000 millones de barriles, hasta 1998 Venezuela era uno de los estados con más altos niveles de desigualdad: el 20% más rico percibía el 53,6% de los ingresos y el 20% más pobre tenía el 4,1% de las riquezas totales, según el Instituto Nacional de Estadística venezolano (INE).

Esa enorme brecha permitió al extinto presidente Hugo Chávez, quien gobernó el país desde 1999 hasta el 2013, calar con un discurso que ofrecía un modelo socialista basado en la redistribución de los enormes ingresos petroleros de la que es la quinta potencia petrolera del mundo y la inclusión de los más pobres. Lo hizo a través de sus conocidas misiones sociales (hasta su muerte aplicó más de 30 en salud, educación, alimentación) y un continuo enfrentamiento con las clases medias-altas, la prensa y la empresa privada, a quienes aplicó leyes de control y expropiaciones.

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Pero ese discurso, al que se sumaban expresiones anti Estados Unidos y un rebautizo del nombre y símbolos del país evocando la imagen de Simón Bolívar, adquirió tonos combativos entre las clases sociales.

Una muestra de ello se dio en la revuelta de jóvenes ocurrida el 7 de noviembre del 2011 en la Universidad Central de Venezuela, que dejó más de un centenar de heridos. “¿Cómo se explica que ellos en grupo llegaran a atacar la escuela de trabajo social, una escuela netamente reconocida por su postura de izquierda revolucionaria y que estamos con el presidente? Son estudiantes de derecha que por su posición de niños ricos no toleran, no aceptan que personas humildes podamos tomar las riendas de esta universidad”, decía una joven en un documental de la cadena Telesur, afín al régimen.

Entonces los estudiantes antichavistas cuestionaban la legislación para regular la selección de ciertas carreras, con pancartas que decían: “¿Quieres ser abogado? Pues no, ahora serás minero” o “Mamá, quiero ser doctor. Bueno, hijo, pregúntale al gobierno”.

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Tres años después y con Nicolás Maduro en el poder, tras ganar las elecciones en abril del 2013, desde el pasado 12 de febrero (12F) los estudiantes vuelven a enfrentarse para exigir su salida, en medio de un estallido de violencia que hasta el pasado viernes dejó 8 muertos, 137 heridos y 24 detenidos, entre ellos Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular.

Las imágenes de jóvenes protestando, corriendo en medio del sonido de ráfagas de bala, cargando heridos, y de encapuchados en moto u ocultándose en las esquinas, con armas de fuego, dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales y la prensa extranjera. La televisión nacional se ha abstenido de difundirlas ante las amenazas del gobierno de que pueden incurrir en apología de la violencia. Maduro eliminó en territorio venezolano la emisión del canal de noticias internacional NTN24 y retiró las acreditaciones a cuatro periodistas de la cadena CNN por difundir lo que él califica como “propaganda de guerra”.

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En los videos que trascienden por internet, cuya demanda de datos aumentó un 20% en el país en la última semana, según Movistar, se ve a uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo a los manifestantes con gases, agua y armas. El gobierno, sin embargo, ha dicho que es gente de la oposición la que ha disparado contra sus propias filas para generar indignación y enfrentamientos entre civiles.

El detonante de estas protestas fue el supuesto intento de violación a una universitaria en San Cristóbal, estado de Táchira, que originó marchas el 4 de febrero y derivó en la del 12F para exigir seguridad y mejoras en la economía, a propósito del Día de la Juventud.

Aunque no existen datos comparados sobre el impacto de las misiones sociales que hizo Chávez para ganar adeptos, al 2011 los porcentajes de desigualdad variaron poco en la potencia petrolera: el 20% más rico recibía el 44,8% de los ingresos y el 20% más pobre el 5,7% (1,6% más), de acuerdo con datos del INE. Según Cepal, la indigencia bajó del 21,7% en 1999 al 11,7% en 2012; y la pobreza, del 49,4% al 29,5%.

Los ingresos petroleros en esos años alcanzaron los $ 698 mil millones para una población que pasó de 23’054.210 a 27’227.930 habitantes, según los censos del 2001 y 2011. El crecimiento del aparato estatal ha implicado también que un 11% de la población (alrededor de tres millones de personas) se ocupe en el sector público.

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La reducción de la pobreza, sin embargo, contrasta con el 56,3% de inflación en el 2013 (la más alta del mundo), una tasa de asesinatos que varía entre 39 y 79 muertes por cada 100 mil habitantes, según reportes oficiales y del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), y una escasez de alimentos que en enero pasado alcanzó a 1 de cada 4 productos básicos, incluido el papel higiénico.

“Yo prefiero trabajar y ganarme el pan de cada día a que el gobierno me regale todo”, decía Pedro Malaver, un manifestante de 24 años.

A él se sumaron miles de voces de estudiantes en Caracas, Valencia, Barquisimeto, lo que generó una contramarcha del gobierno, el pasado 13 de febrero, bajo el lema “Venezuela unida contra el fascismo”, en alusión a una ideología y un movimiento político creado por Benito Mussolini en Italia y cuyo fin central es el poder absoluto del Estado en manos de un partido único.

El discurso es el mismo entre el presidente, los ministros y los jefes de las otras funciones del Estado abiertamente chavistas, que tras una Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva Constitución adquirieron más poder para el proyecto político. Las autoridades estatales tildan a los estudiantes y a la oposición de fascistas o nazifascistas que, financiados por la derecha y EE.UU. (expulsó esta semana a tres diplomáticos), buscan un golpe de Estado.

“He estado haciéndole seguimiento al golpe de Estado continuado que han desatado los fascistas contra nuestro país. No podemos subestimarlos”, dijo Maduro en cadena nacional el 19 de febrero pasado, un día después de que rebautizara la Franja del Orinoco, el mayor reservorio de petróleo del mundo, como Hugo Chávez.

La ola de violencia de estos días volcó la atención hacia los grupos de militantes conocidos como “colectivos” y los llamados Tupamaros, ambos brazos armados del chavismo. La oposición los acusa de ser quienes irrumpieron en las marchas para desencadenar el caos y piden su desarme al gobierno.

El chavismo ha tenido una política abierta para proveerse de armamento. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), la importación por vías legales en Venezuela aumentó 555% entre 2007 y 2011. Rusia ha sido su principal proveedor. Esto no incluye la entrada ilegal de armamento, de la que se alimenta la mayor parte de los grupos armados, según reportes de la ONU.

Las primeras víctimas mortales

Bassil Da Costa
Recibió un balazo en la nuca tras la marcha del 12F en Caracas. Tenía 23 años. Estudiaba en la universidad privada Alejandro Humboldt.

 

Roberto Redman
Tenía 31 años. Ayudó a trasladar el cuerpo de Da Costa y en la noche recibió un disparo en el cráneo desde una moto. Era piloto.

 

Juan Montoya
Alias ‘Juancho’. Uno de los líderes de los colectivos chavistas armados del barrio 23 de Enero. En el 2008 fue acusado de terrorismo.

 

José Méndez
Tenía 17 años. Fue atropellado, murió por heridas graves en la cabeza. Participaba en el cierre de una calle en Carúpano, al este.

 

Génesis Carmona
Modelo, estudiante y Miss Turismo de Carabobo, 21 años. Recibió un balazo en el cráneo. Fue movilizada en una moto ante la falta de ambulancias.

 

$ 2.652
Millones gastó el Gobierno venezolano en importar armas por vías legales del 2007 al 2011.