La directiva del Movimiento Popular Democrático (MPD) acudió ayer a la Corte Nacional de Justicia para pedir que el asesinato de Jaime Hurtado y sus dos acompañantes sea declarado como un crimen de Estado y, en consecuencia, un delito de lesa humanidad.

Hace quince años, Hurtado murió junto a su diputado alterno Pablo Tapia y a su asistente legislativo Wellington Borja, en las calles Piedrahíta y 6 de Diciembre, esquina, diagonal al Palacio Legislativo.

“En virtud de la comprobada participación de un agente encubierto de la Policía Nacional y de la DEA, Washington Fernando Aguirre, en la planificación y cometimiento del asesinato perpetrado el 17 de febrero de 1999, así como el encubrimiento por parte de los miembros del oficialismo del gobierno de esa época, de pruebas que hubieran contribuido al esclarecimiento del caso”, señala en la parte petitoria del escrito dirigido a Carlos Ramírez, presidente de la Corte, y firmado por Luis Villacís y Lenin Rosero.

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Villacís explicó que la intención es que el juicio por el asesinato de Hurtado no prescriba y quede en la impunidad. Además, la extradición de Aguirre sigue en trámite, no ha sido despachada, aseguró Villacís.

“Lo que queda claro es que cuando se trata de este tipo de casos ahí no hay agilidad, en el caso nuestro tenemos tres presos políticos en Cotopaxi, mientras el crimen de Hurtado tiene 15 años y ese juicio no tiene mayor movimiento”, dijo.

Lenin Hurtado, hijo del fallecido diputado, que participó ayer en una romería hasta el cementerio donde descansa su padre, dijo que a la Función Judicial se le solicita mayor agilidad en el proceso de extradición de Aguirre y al Gobierno que incluya el caso en su política de reapertura de procesos de lesa humanidad.

Ojalá que la coyuntura política no afecte la voluntad del Gobierno de investigar la verdad en este caso. Yo confío en que no sea así".Lenin Hurtado, hijo del fallecido diputado emepedista