La Secretaria Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República señaló a través de un comunicado que no responderá a los señalamientos de la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios (Fundamedios),  porque son "rumores, subjetividades, indisposiciones fabricadas sin fundamento alguno".

El lunes pasado, César Ricaurte, director de esta organización no gubernamental dio una rueda de prensa para señalar su temor por un posible cierre, ante el "hostigamiento" por parte de autoridades de Gobierno, teniendo en cuenta que desde diciembre pasado, la Secom es la entidad encargada de la aprobación de estatutos, asambleas e ingreso de nuevos miembros de organizaciones dedicadas a la comunicación.

Hasta noviembre pasado, la entidad encargada de estos procesos administrativos era el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Miess).

Publicidad

La Secom asegura que Fundamedios es la única entidad que está "cuestionando la norma vigente" y "lo hace con acusaciones directas a la Secom y a su titular (Fernando Alvarado), autocalificándose de víctima y aludiendo persecución en su contra".

"Ahora el ente que nos agrede, que nos está hostilizando, es el que nos va a controlar. Se ha entregado al señor Alvarado nuestra cabeza. Es la arremetida que el gobierno ha emprendido en contra de las libertades y derechos humanos", dijo Ricaurte el lunes pasado.

Según la Secom, otras organizaciones de similares características de Fundamedios como la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), "ha expresado su entera predisposición" para acudir a la Secretaría de Comunicación y cumplir con las nuevas disposiciones.

Publicidad

La Secom aclaró que es la única entidad "competente para conocer y resolver los asuntos relacionados con las organizaciones sociales relacionadas a la comunicación y a la información" una vez que el decreto ejecutivo N° 19 del 20 de junio del 2013 expidió el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales y Ciudadanas, "estableciendo que las entidades del Estado tienen la obligación -de acuerdo a su ámbito de acción- de implementar los mecanismos idóneos para ejercer el control y regulación de las organizaciones sociales de acuerdo a los fines y objetivos de éstas".