La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes, a través de un comunicado, su preocupación por la decisión de la Corte Nacional de Justicia de dejar en firme la sentencia contra el asambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villaviciencio y el activista Carlos Figueroa.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión", señala la Relatoría.

La Comisión ha sostenido, prosigue la Relatoría, que resulta desproporcionado el uso del derecho penal para proteger la honra de servidores públicos frente a las denuncias relacionadas con el ejercicio de sus funciones, formuladas ante las autoridades correspondientes. 

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Jiménez (PK), Villavicencio y Figueroa fueron condenados a prisión el pasado 14 de enero, en tercera instancia, por el delito de injuria judicial contra el presidente Rafael Correa.

Jiménez y Villavicencio deberán cumplir 18 meses de prisión y Figueroa, seis. Además, deberán pagar una reparación económica equivalente al salario mensual del presidente Rafael Correa, por cada mes transcurrido desde la presentación de la denuncia en su contra (el 4 de agosto del 2011) hasta la notificación de la sentencia.

Los querellados deberán, además, ofrecer disculpas públicas en medios de comunicación escritos, televisivos y radiales a Rafael Correa y publicar en cuatro medios de prensa un extracto de la sentencia, además del pago de los honorarios del abogado del Presidente.

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En el 2011, los querellados presentaron, ante la Fiscalía, una denuncia en contra del presidente de la República, Rafael Correa, por presuntos delitos de lesa humanidad, por incitación al caos político y a la discordia civil.