La propuesta de que el Banco Central recalcule las deudas no vinculadas de la banca cerrada con un 5% de interés y a cinco años plazo, no satisface a los deudores de buena fe. Según Roberto Parra, representante de estos ciudadanos, el proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 (enviado a la Asamblea con carácter económico urgente), que empezó a tratarse en la Comisión de Desarrollo Económico, ayer, no considera el problema humano generado por las difíciles condiciones de cobro que se generó tras la crisis bancaria y que volvió las deudas impagables.

Parra entregó, ayer, un proyecto de ley alterno en el que se pide la condonación del 50% del capital original, una tasa de interés del 0%, mientras el plazo sugerido de pago es de 10 años y no de cinco como consta en el proyecto.

Juan Carlos Cassinelli, presidente de la comisión, explicó que de la información que entregó la Superintendencia de Bancos, hay una cartera de créditos no vinculados que asciende a $ 2.600 millones, y que por efectos del proyecto y el nuevo recálculo se llegaría a cobrar unos $ 2.000 millones.

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Cassinelli insistió que estos son datos de la Superintendencia de bancos, pero se mostró muy interesado en primero recibir a las autoridades del Banco Central para tener un panorama completo.

Parra no coincidió con los cálculos de cobro pues dijo que con las condiciones propuestas los deudores de buena fe, que han estado por mucho tiempo impedidos de trabajar, tendrán problemas para cancelar.

A más de establecer un mecanismo de pago a los acreedores perjudicados de la banca cerrada, otros objetivos fundamentales del proyecto de ley que se analiza son: facilitar la venta de activos de la banca cerrada y cobrar la cartera adeudada. Así lo explicó la ministra de Finanzas (e), Madeleine Abarca, ayer, en la Comisión General, a la que también asistió Pedro Solines, superintendente de Bancos.

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Continuación

Mañana, a las 10:00, asistirán el ministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera; el presidente del BCE, Diego Martínez; la presidenta de la CFN, María Soledad Barrera, y un representante de la Defensoría de Pueblo.