“Una vez más, las denuncias de la República del Ecuador abundan en retórica, pero carecen de pruebas. Así como sus recientes denuncias contra Chevron, estas carecen de fundamento”. Con este párrafo respondió James Craig, asesor de Comunicación de Chevron Corp. para América Latina, a las declaraciones del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien indicó que la petrolera ‘hackeó’ las cuentas de correo electrónico del presidente Rafael Correa y otras altas autoridades del país.

“Chevron es una compañía mafiosa, corrupta, que en octubre de 2012 ‘hackea’ mis e-mails, los del presidente (Rafael Correa) y del procurador (Diego García). Y en una corte norteamericana, Chevron pretende demostrar una serie de falsedades, como que yo, como abogado del presidente, manipulaba la justicia. Y el juez (de EE.UU.) desestimó todo”, dijo Mera.

El funcionario agregó que la petrolera estadounidense le entregó esa información al legislador Cléver Jiménez (PK), que ahora es investigado por la Fiscalía por supuesto espionaje.

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“(...) Se prende la alarma cuando el señor Jiménez estaba usando información ‘hackeada’ por Chevron y presumo, aunque no lo puedo comprobar, que Jiménez está recibiendo información de Chevron”.

Jiménez negó esa acusación y dijo que no tenía ningún contacto con la petrolera.

Pablo Fajardo, uno de los abogados de las comunidades afectadas por la contaminación de Chevron, se sumó a la denuncia efectuada por Mera y afirmó que dicha compañía también le ‘hackeó’ los correos a los integrantes de su equipo.

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“También hemos sido víctimas de esta actividad... Nos han ‘hackeado’ la información confidencial sobre discusiones estratégicas del caso. De pronto Chevron conoce y presentó esta información, conseguida ilegalmente”, indicó Fajardo.

No obstante, aclaró Fajardo, la denuncia de Mera no tendrá incidencia en el proceso judicial que ya ganaron. “Son acciones colaterales entre distintas personas”, indicó.

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El año pasado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) confirmó la sanción contra Chevron y le ordenó pagar unos $ 9.500 millones a los afectados.

En tanto, por pedido de la Fiscalía General, la Superintendencia de la Información solicitó a 30 medios del país que remitan la información publicada sobre el caso de la contaminación ambiental en la Amazonía por parte de Chevron.

El pedido fue notificado a los medios el 3 de enero anterior, dentro de la indagación previa que se abrió para determinar la responsabilidad de funcionarios de gobiernos pasados, que supuestamente archivaron procesos contra la petrolera.

También hay comunicaciones del presidente respecto a problemas de Tame; las conversaciones con Colombia respecto al arreglo por el glifosato... los tenía el señor Jiménez en su oficina”. Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia