El bloque de gobierno, Alianza PAIS (AP), lleva meses preparando un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que, según el borrador que manejan, realizaría 74 modificaciones a la norma.

En fiscalización, la propuesta borrador sugiere incluir a los presidentes de los directorios de órganos colegiados de las instituciones públicas como sujetos de fiscalización y que el pleno resuelva si se llama o no a juicio político a una autoridad cuando la Comisión de Fiscalización no haya podido llegar a un acuerdo, como ocurrió en el caso del ex fiscal general Washington Pesántez.

Virgilio Hernández (AP), quien junto a otros siete asambleístas trabaja en la reforma, dice que es necesario incluir a los presidentes de directorios, porque pueden tener “tanto o más poder que un ministro”.

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Pero, desde la oposición, Luis Fernando Torres (PSC-CREO) sostiene que las reformas en fiscalización deberían empezar por dejar que los asambleístas puedan pedir directamente información a funcionarios e instituciones estatales para iniciar con procesos de vigilancia, de lo contrario existe una obstrucción a esa labor, comentó.

Con la idea de hacer de la fiscalización una tarea “sistemática”, AP también buscaría con la reforma que los ministros acudan periódicamente y de forma obligatoria a las comisiones a rendir cuentas de su labor.

En legislación, según la propuesta oficialista, se flexibilizarían los tiempos para la entrega de los informes de primero y segundo debate; y se incluiría toda una sección que establece el procedimiento de consulta prelegislativa para las leyes que afecten derechos colectivos.

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Al respecto, Torres manifestó que es necesario dejar claro que las observaciones en el segundo debate se deben hacer de manera verbal en el pleno y luego incorporadas por el ponente y, cuando esto pase, entonces sí se abra el debate.

“Porque ahora el ponente incorpora lo que quiere, sea que esto se haya dicho o no en el pleno y luego del trabajo hecho por el ponente no existe posibilidad alguna de llevar adelante un debate, lo cual contradice la Constitución”, indica.

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Pero Hernández expresa que esta posibilidad está negada porque se estaría dando paso a una suerte de tercer debate y esto no es posible.

Propuesta

Las reformas a esta ley serán incluidas en otro proyecto presentado para que los miembros del Parlamento Andino actúen en las sesiones del pleno de la Asamblea sin voto.