La Ecuarunari exigirá al Consejo de la Judicatura (CJ) la entrega de recursos para la aplicación e implementación de lo que ellos denominan justicia milenaria (antes indígena), en cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

Este pedido consta en la declaración final de la Cumbre de Justicia Milenaria, efectuada la semana pasada, en la que se analizó el fortalecimiento de estos sistemas con base en la Constitución y en el Código de la Función Judicial (COFJ).

Ambas normas disponen la coordinación y cooperación entre las justicias ordinaria e indígena. Y con este propósito el COFJ ordena que el CJ asigne los recursos humanos y económicos para cumplir ese fin.

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El encuentro emitió nueve mandatos que serán entregados en los primeros días de enero a las autoridades judiciales y de otras entidades del Estado.

Según el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, los recursos no se invertirán en sueldos sino en la investigación y la difusión la justicia milenaria.

También, dijo, para implementar espacios para ejercer la justicia propia, hacer encuentros comunitarios y entre administradores de la justicia milenaria y la ordinaria.

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El jurista Carlos Poveda opinó que al no entregar los recursos que determinan las normas legales los organismos de justicia incurrieron en una omisión que afectó a las comunidades.

En sus mandatos, la Ecuarunari ratifica a las autoridades de los pueblos originarios como los encargados de ejercer la justicia milenaria y desconocieron a las fiscalías indígenas creadas por la Fiscalía General.

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Esto, porque consideran que desnaturalizan la justicia milenaria o runa y generan conflictos jurisdiccionales.