La Fiscalía pedirá que la Corte Constitucional defina el tipo de sanción que debe otorgarse a 16 imputados, 6 de ellos detenidos por la supuesta matanza de tagaeris-taromenanes, pueblos en aislamiento voluntario, ocurrida en marzo pasado.

Galo Chiriboga, fiscal general, expresó que como operadores de casos penales llegaron al límite. “Este caso complejo rebasa la capacidad de la Fiscalía”, aseguró

Por este motivo, agregó, la Corte deberá interpretar los hechos y decidir el procedimiento que el Estado aplicará para imponer la sanción a los presuntos autores de una infracción “que lo consideramos penal y grave”, frente a un concepto tradicional de la comunidad huaorani, que entre sus costumbres ancestrales “considera a la venganza como normal”, para mantener el equilibrio de la vida, expuso el funcionario.

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“Para ellos esto no es malo, para nosotros es muy malo, un delito terrible”, señaló.

En marzo pasado, miembros tagaearis-taromenanes fueron muertos presuntamente por indígenas huaoranis. Según la Fiscalía, tomaron venganza por hechos anteriores que derivaron en la muerte de los ancianos Ompure y Buganey; en consecuencia, los herederos atacaron a los tagaeris-taromenanes y secuestraron a dos niñas como parte de la venganza.

Si bien la Fiscalía no encontró los cuerpos de los tagaeris-taromenanes muertos, sí existen evidencias como fotografías y testimonios, indicó. “Lo que no hay discusión es que ellos (huaoranis) han reconocido que procedieron a matar, hay evidencia de la amenaza, secuestraron a dos niñas porque sus padres no existen. Todos estos indicios llevan a la Fiscalía a presumir la existencia de la muerte de esas personas; se podría considerar el delito de desaparición”.

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En noviembre pasado, la Corte de Justicia de la provincia de Orellana, en la Amazonía, ordenó la prisión preventiva con fines de investigación de quince huaoranis y, al finalizar la diligencia, se dispuso el inicio de una instrucción fiscal que durará 90 días.

Seis indígenas fueron apresados, aunque el fiscal insistió en que se encuentran alejados del resto de detenidos. Este grupo mantiene reuniones con expertos forenses y sociólogos que les explican la visión mestiza del delito cometido.

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Chiriboga espera que con el pronunciamiento de la CC se pueda emitir una sentencia en contra de los huaoranis. En principio están acusados por el delito de genocidio que implica prisión de 25 años.

Evidencias

El fiscal general, Galo Chiriboga, cuando anunció que la entidad que dirige acudió al lugar de la presunta matanza a taromenanes, en Orellana, reveló que se hallaron evidencias de esa supuesta masacre, el pasado 29 de marzo.

Peritajes

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Chiriboga señaló que ya se han terminado de ejecutar algunos peritajes.