La histórica reforma energética aprobada en México, que abre el sector al capital privado, inicia un camino largo pero urgente para la modernización de una industria con deficiencias en refinación, exploración en aguas profundas y con una producción declinante, dijeron el jueves a la AFP.

Durante 75 años, la segunda economía de América Latina gestionó bajo monopolio estatal la industria energética convirtiendo a la gigantesca Petróleos Mexicanos (Pemex) en una de las principales fuentes de ingreso del país.

Un 35% del presupuesto federal, equivalente a $ 75.000 millones anuales, viene de la renta petrolera mexicana, destinando Pemex un 67% de sus ganancias a las arcas públicas sin prácticamente margen para su mantenimiento o reinversión.

Publicidad

Esto se ha traducido en una bajada en la producción de crudo desde los 3,4 millones de barriles diarios del 2004 a los 2,5 millones de este 2013 y en el hecho, por ejemplo, de que México importa actualmente el 50% de la gasolina que consume.

El director de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que en los próximos 6 años la petrolera requerirá inversiones por $ 40 mil millones en refinación.

Después de haber sido aprobada en el Senado, ahora la reforma constitucional tendrá que ser avalada por 16 de los congresos estatales para que, posteriormente, el presidente Enrique Peña Nieto la promulgue y se empiecen a trazar las leyes secundarias.

Publicidad

La propuesta original del mandatario, considerada la más importante de sus reformas, era más tímida de la que salió del Congreso y hablaba de contratos de utilidad compartida. Finalmente, bajo la presión del Partido Acción Nacional, la reforma contempla posibilidades para las empresas privadas nacionales y extranjeras que, entre otros, considera contratos de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y licencias.

Para Peña Nieto, la reforma “impulsará el crecimiento económico” en un momento delicado con las previsiones de crecimiento para 2013 reducidas de un inicial 3,5% a un 1,3%.

Publicidad

Aprobación

El proyecto será enviado ahora a los congresos locales. Deben aprobarlo al menos 17 de los 31 estados por contener cambios constitucionales.