El gobierno nacional estima que unos 15.000 ecuatorianos han sido afectados por la burbuja inmobiliaria en España. Así lo manifestó José Guijarro, asesor de la Cancillería, en el seminario, Repensar la deuda y la propiedad, lecciones aprendidas de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008, organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

"Los  datos que estamos manejando de inmigración ecuatoriana a España superan el medio millón", acotó.

Uno de esos casos fue el de César Guerrero, quien emigró a España en 2002, formó una familia, obtuvo un crédito hipotecario y adquirió un piso tres años después. "Pagamos religiosamente las cuotas, al principio 1.123 euros; al año siguiente, 1.382; en el año 2008, 1.538; en 2009, 1.641 euros", expresó. En 2010, él y su esposa perdieron su empleo.

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Según Guijarro, entre marzo de 2012 y septiembre de 2013, la Red Consular ecuatoriana había dado asesoramiento jurídico presencial a 7.700 personas, además de apoyo electrónico y telefónico. "Algunos consules, de esta red, han acompañado a ecuatorianos a negociar directamente con los bancos para tratar de evitar desahucios", afirmó Guijarro.

Para Ada Calou, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de España, quien intervino en el foro, el Estado español incentivó para que los ciudadanos adquieran viviendas porque adujeron que era la mejor de las inversiones y permitió que inmobiliarias o constructoras, entidades financieras hagan todo tipo de "mala praxis (no solo) engaños y mentiras sino productos en mal estado".

Guerrero luego de mucho trajinar llegó a un acuerdo bancario, devolvió el piso, regresó a Ecuador -hace un año- y actualmente tiene una cafetería.