Cuatro años pasaron para que el Congreso aprobara, el 8 de diciembre del 2005, la Ley Reformatoria al Código de Trabajo, que obliga a las empresas a contratar a personas con discapacidad (1 por cada 25 empleados) hasta llegar al 4% de la nómina, dice Gladys Montaluisa, exfuncionaria del otrora Ministerio de Trabajo, quien planteó esta propuesta en noviembre del 2001.

¿Qué motivaciones tuvo para plantear esa reforma?
Me imagino que como tenía una discapacidad física me pusieron en la tarea de incluir laboralmente a las personas con discapacidad y resulta que nadie quería aceptarlas. En todo el país había el récord de cinco personas contratadas por año. Entonces, el camino era reformar la ley.

¿Qué ha ido cambiando para conseguir un mayor reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad?
Todo es parte de un proceso histórico de décadas. Antes los familiares escondían a sus hijos con discapacidades. Ahora hay una mayor visibilización del ciudadano frente a las discapacidades. Ese es el mayor aporte. Hace unos años nadie me hubiera dado la mano para subirme al bus y hoy me ayudan a cruzar la calle. A los ciegos les ponían el pie para que se cayeran. Eso está cambiando. No se puede desconocer la lucha de las ONG, que siempre era pensando en la buena voluntad de la gente. En el 2002, el país recibió el premio Franklin Delano Roosevelt tras una década de acciones como la vigencia de la Ley 180 sobre Discapacidades (vigente desde agosto de 1992), en la que se establecían beneficios como el pago de la mitad del pasaje en los transportes. El premio fue cien mil sillas de ruedas y $ 50.000, con lo que se financió un proyecto de inclusión educativa que hizo Fasinarm tras un concurso.

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¿Cómo ve la política actual de entregar bonos como el Joaquín Gallegos Lara para el cuidado de las personas con discapacidad severa?
Ahora tenemos a madres sempiternas cuidadoras. ¿Se han preguntado cuánto pesa un joven de 17 o de 20 años que esa madre carga a diario? Ese esfuerzo provoca hernias lumbares, es decir, potenciales discapacidades. El bono no es la solución. Esas mujeres no pueden ser condenadas a la sempiterna tarea de criar a un hijo viva lo que viva, pese lo que pese. Ellas tienen el derecho de formarse, de trabajar, de recrearse y de que existan centros especializados que cuiden a sus hijos mientras ellas trabajan.