A un mes de la aprobación parcial del Código Integral Penal, el bloque oficialista de AP aún no conoce cuántos artículos ni temas serán sometidos a reconsideración, una vez que se reinstale la sesión del pleno para retomar el trámite.

Sus cien legisladores llevan dos semanas en el análisis de todo el texto del proyecto que supera los 700 artículos. La aspiración es que en esta semana se instale una sesión plenaria con la participación del Ejecutivo a fin de conocer los nuevos textos, entre ellos, el relacionado con el homicidio culposo por mala práctica médica.

El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, no quiso adelantar los textos que serán reformulados, pues dijo que solo en la plenaria se conocerán. El análisis del articulado continúa a partir de hoy.

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La mala práctica profesional, las contravenciones de tránsito y el artículo 474, que obliga a los proveedores de internet a almacenar información que los usuarios generen en la red por seis meses, son los que más debate han generado.

La reformulación de los textos que serán reconsiderados estará a cargo de Andino, María José Carrión y una delegación del Ejecutivo, como la ministra de la Política, Betty Tola, y la de Salud, Carina Vance, quien está encargada de mostrar los textos y los acuerdos a los que llegó con los médicos, dijo Carrión.

Carrión aclaró que lo acordado entre la cartera de Salud y ese gremio serán considerados insumos. Lo que “se haya acordado con el Ministerio no necesariamente son los que se quedarán en el texto, pues nosotros tendremos que adaptarlos a la norma jurídica”.

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El colectivo de usuarios digitales, la Asociación Software Libre y Apertura Radical presentaron ante la mesa de Justicia sus observaciones al artículo 474. Uno de sus representantes, Patricio Velazco, dijo que para el Ministerio de Telecomunicación y la Fiscalía es poco práctico aplicar la obligatoriedad de guardar información sin que medie una petición de una autoridad competente.

El colectivo insiste en la eliminación del artículo, porque considera que contradice la presunción de inocencia, restringe la libertad de expresión de los ciudadanos en internet y su derecho a la intimidad. Y ve otro efecto: la posible alza del servicio para los usuarios de internet y hasta el cierre de algunos locales ante la imposibilidad de cumplir con el almacenamiento de información.