Los inspectores del Trabajo no estarían calificando los trámites de desahucio mientras las instituciones públicas no certifiquen que tienen los recursos para pagar las indemnizaciones, por lo que estos funcionarios podrían incurrir en prevaricato, advierten asambleístas.

La vicepresidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, Betty Carrillo, señala que una resolución del Ministerio de Relaciones Laborales está limitando un derecho y que empleados públicos presentaron denuncias.

El ministro Francisco Vacas ha explicado que el art. 115 del Código de Planificación de las Finanzas Públicas establece que ningún ente público podrá contraer compromisos, autorizar o comprar obligaciones sin la emisión de la “respectiva certificación presupuestaria”.