Médicos de hospital público piden respetar su desempeño profesional

Actualizado a las 17:56

Tras exigir que no se criminalice su labor médica, un grupo de médicos del hospital público Pablo Arturo Suárez, en Quito, decidió continuar con la atención, pero al mismo tiempo exigir que la práctica profesional quede desvinculada del Código Integral Penal, que se debate en la Asamblea Nacional.

En la mañana, todos los médicos de dicha casa de salud pública anunciaron su decisión de renunciar de forma masiva en rechazo al COIP en rechazo a las penas ante la mala práctica profesional , pero continuaron con la atención de consultas y de emergencia con total normalidad.

"Conocemos del nivel de profesionalismo de nuestros médicos y otros profesionales de la salud así como la credibilidad que tienen entre la ciudadanía; los casos de mala práctica son excepcionales y escasos frente a miles de atenciones prestadas con excelencia y mística", dijo esta tarde, el viceministro de Salud, Miguel Malo.

"Estamos abriendo la posibilidad de diálogo sobre algunos aspectos con los profesionales de la salud, pero en ningún momento podemos permitir que se den acciones de hecho que pongan en riesgo la salud de la población", expresó Malo. "El profesional de la salud está obligado a realizar los procedimientos adecuados en todos los casos. El nuevo código penal desarrolla la valoración de la responsabilidad de la práctica profesional pero no incorpora un nuevo delito".

El funcionario garantizó el derecho de la población a la atención médica ante la advertencia de los médicos y dijo que no hubo ninguna paralización en ese hospital y que la atención fue normal a lo largo de esta jornada.

Comunicado tras reunión

La propuesta del personal del hospital se condensó en un comunicado en el que piden que su labor sea regida por la ley orgánica de la salud. Aseguran que su protesta se da en defensa de los pacientes y de la salud en Ecuador que serán perjudicados por esta "ley punitiva y castigadora". "En nuestras manos no está garantizar la inmortalidad", dice en el comunicado.

Al termina la reunión, los médicos reafirmaron su decisión de continuar atendiendo normalmente a los pacientes, pero seguirán recogiendo las denuncias de los galenos y buscarán apoyo de médicos de otras casas de salud. Han decidido que una vez que el presidente dé el ejecútese al Código Penal presentar todas las renuncias de los profesionales de la salud.

"Mientras no se promulgue la ley, (los pacientes) seguirán siendo atendidos. La renuncia nuestra es a partir de la fecha en que se promulgue la ley", declaró Diego Andrade, uno de los médicos del Pablo Arturo Suárez.

Los médicos señalaron que su "posición es presentar la renuncia irrevocable" de entrar en vigencia la nueva ley penal.

Hace una semana, el Congreso (controlado por el oficialismo) aprobó el contenido mayoritario de un código penal planteado por el Ejecutivo y que reemplazaría al vigente desde 1938.

Entre unos 40 nuevos delitos incluidos en la norma está el de homicidio por mala práctica profesional, que prevé sanciones con hasta cinco años de cárcel, además de la revocatoria temporal de la licencia profesional y la obligación de rendir un examen para reinsertarse en el mercado laboral.

Las autoridades de salud no se han pronunciado sobre la advertencia y, a través de su cuenta en Twitter, reportaron una "normal atención de los servicios de salud en todo el país".

La Federación Médica de Santo Domingo de los Tsáchilas se pronunció hoy porque también analiza renuncias de sus afiliados a sus trabajaos tanto en el hospital Gustavo Domínguez y en el ambulatorio del Instituto de Seguridad Social.