Los colectivos Usuarios Digitales y Apertura Radical y la Asociación de Software Libre del Ecuador pidieron al Ejecutivo vetar el artículo 475 del Código Orgánico Integral Penal porque, según ellos, viola el derecho de los ciudadanos a la privacidad de las comunicaciones que se generan en internet y en cualquier otra plataforma de telecomunicaciones.

Alfredo Velazco, representante de esas agrupaciones, explicó que, tal como está concebida la norma, todos los servicios de telecomunicaciones como los cibercafés, las zonas wifi, los negocios que alquilan teléfonos o permiten el acceso a internet, los centros de estudio que prestan acceso a internet e incluso las personas que presten su teléfono o conexión a internet, deberán almacenar los datos y tráfico de conexión de los usuarios.

Esto afectaría su derecho al secreto de correspondencia física y virtual previsto en la Constitución.

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De mantenerse ese texto, a los voceros de los grupos les preocupa su posible impacto en los costos y precios para los usuarios de internet, ya que esto implicaría que los proveedores de estos servicios implementen todo un andamiaje de monitoreo y de vigilancia e infraestructura tecnológica y contratar más personal capacitado para custodiar la base de datos que se guardaría.

“Todo esto subirá el costo de uso de internet al usuario final sobre todo en cibers y zonas wifi”, indicó Velazco.

El asambleísta Miguel Moreta (CREO), quien es miembro de la Comisión de Justicia donde se preparó el COIP, aseguró que este texto no se debatió.

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Agregó que la intención del Gobierno al incluir ese artículo “a última hora” es controlar la información generada por los ciudadanos en la web legalizando el espionaje en el país.

El legislador dijo que a la Mesa llegaron 235 textos con observaciones sobre varios temas, pero que estos no fueron tomados en cuenta, por lo que hay “algunas sorpresas y ambigüedades” en lo aprobado.

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Lo que falta: Debate
Bloque
Para el próximo martes está prevista una reunión del bloque de Alianza PAIS para discutir el contenido del libro del Código Penal que les resta por aprobar. Este se refiere a la ejecución de penas. Aún no hay fecha para el debate del pleno.