Sin culpables caso de fraude informático al Seguro Social

El proceso que investigó un perjuicio de más de $ 1 millón en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pasará al archivo, una vez que los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Pichincha liberaron de culpa a los catorce funcionarios (12 del IESS y 2 del Biess) que fueron imputados del supuesto delito informático.

La decisión la tomó la Sala Penal al sustituir el sobreseimiento provisional por el definitivo, cuando aceptó la apelación de los procesados.

El expediente del proceso reseña que en abril pasado el fiscal Byron Granda se abstuvo de emitir dictamen acusatorio contra los investigados, y que el juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, Franz Valverde, los absolvió provisionalmente.

Al abstenerse de acusar, la Fiscalía liberó de responsabilidades a los funcionarios del IESS y Biess, que inicialmente fueron detenidos e investigados por un supuesto delito informático, perpetrado en la concesión de créditos quirografarios a los afiliados y jubilados del IESS.

Así lo denunciaron las autoridades del Seguro Social.

Sin embargo, la Fiscalía informó en sus primeras investigaciones que el desfalco ocurrió, y que prueba de ello eran los descuentos de préstamos que algunos afiliados registraban.

La institución indicó asimismo que luego del análisis realizado a todos los elementos de cargo, descargo y pericias, se pudo determinar que no hubo delito informático. Por tanto, según la Fiscalía, no había un tipo penal que perseguir y tampoco una conducta antijurídica de los funcionarios.

Este caso se inició a fines de noviembre del año pasado con la captura de los catorce funcionarios del IESS y del Biess, a quienes se acusó del supuesto mal uso de claves personales de los afiliados, a través de las cuales tuvieron acceso al sistema informático.

Denuncia

En noviembre del 2012, el entonces presidente del consejo directivo del IESS, Ramiro González, denunció el perjuicio en la Fiscalía por un supuesto delito informático.

Créditos

Según la denuncia, el perjuicio ascendía a $ 430.000 en 40 créditos quirografarios y $ 600.000 en fondos de reserva de 80 afiliados.