Una vez iniciada la instrucción fioscal por delitos de lesa humanidad contra diez exoficiales militares y policiales, en los próximos meses la Fiscalía espera judicializar más casos que provienen de la Comisión de la Verdad, que indagó supuestas violaciones a los derechos humanos entre 1984 y 2008.

El organismo acusó a estos mandos de supuesta tortura, desaparición forzada y agresión sexual contra Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, que fueron integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo.

La jueza Lucy Blacio ordenó el inicio de una instrucción fiscal con pedido de prisión preventiva contra tres acusados.

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La Comisión registró 118 casos con 456 víctimas: 269, de privación de la libertad; 365, de tortura; 86, de violencia sexual; 17, de desaparición forzada; 68, de ejecución extrajudicial; y 26, de atentado contra la vida.

La expresidenta de la Comisión Elsie Monge recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

Insistió en que la judicialización del caso de Vaca, Cajas y Jarrín permitirá evitar la impunidad y abrirá las puertas para que se avance en el resto de procesos, que ahora están en la fase de indagación previa.

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Según el fiscal general Galo Chiriboga, una vez iniciada la instrucción fiscal, la primera acción será abrir el expediente para que sea revisado por la defensa de los procesados; luego convocará a otras diligencias.

Chiriboga consideró que la reparación económica a las víctimas de delitos de lesa humanidad debe ser inmediata ya que “la primera obligación de los estados es respetar los derechos de los ciudadanos”.