Maestros entran al mercado de bonos para asegurar retiro

Esperaba seguir impartiendo su clase de Matemáticas a los alumnos del colegio Eloy Alfaro de Quito hasta los 68 años, pero el profesor Carlos Camacho optó por dejar las aulas a los 62. Él asegura que “el ambiente estresante que hoy se vive en el sistema educativo” lo llevó a jubilarse voluntariamente.

Camacho tomó la opción de recibir los $ 47.700 que le correspondían por sus 37 años de labores en bonos del Estado (a 9 años plazo), como parte de un plan que impulsa el Ministerio de Educación para los maestros que cumplen con los requisitos de la seguridad social para la jubilación voluntaria: 60 años de edad y 30 de trabajo, pero no llegan a la edad fijada para la jubilación obligatoria en el sector público (70 años), en cuyo caso el pago debe ser en efectivo.

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su disposición general novena, los docentes que se acojan a la jubilación tendrán derecho a cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de 150 salarios básicos. Al cálculo actual, el máximo es $ 47.700.

La norma también indica que se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que señalan los requisitos para las jubilaciones voluntarias y obligatorias, el cálculo del beneficio económico y la opción de pago en papeles. Sin embargo, es el reglamento de la Losep el que norma el procedimiento para esta compensación.

Su art. 288 establecía que en caso de que el servidor público tenga menos de 70 años, la compensación económica podrá ser cancelada el 50% en bonos y el 50% en efectivo, si no existiere disponibilidad presupuestaria suficiente, “caso contrario se pagará el 100% en efectivo”. Pero el presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo 99 del pasado 2 de septiembre, estableció que la compensación económica podrá ser cancelada “en bonos del Estado si no existiere la disponibilidad presupuestaria suficiente, caso contrario se pagará en efectivo”.

Los bonos del Estado, explica Rodolfo Kronfle, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), son títulos emitidos por el Gobierno central a través del Ministerio de Finanzas para financiar, por ejemplo, el presupuesto del Estado o el pago de jubilaciones. Estos valores son deuda interna que genera intereses y que los tenedores de los papeles utilizan como alternativa de inversión.

Durante dos años, las jubilaciones en el magisterio se mantuvieron detenidas porque no se abría el registro para el trámite en la web del Ministerio de Educación, cuenta Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Eso provocó que haya 17.337 docentes en edad de jubilarse, que deben esperar debido a la falta de disponibilidad económica.

El Ministerio diseñó un cronograma a cuatro años (ver gráfico) para pagar en efectivo a quienes cumplan 70 años. Y da la opción a quienes quieran hacerlo antes de la fecha programada de acogerse a la llamada jubilación voluntaria anticipada, que se paga en bonos.

Pallasco cuestiona que el Ministerio llame a esa alternativa jubilación anticipada cuando los maestros en realidad ya cumplen los requisitos legales para jubilarse, pero deben esperar según el cronograma establecido. “Eso significa que, de manera camuflada, están obligando a los servidores públicos a cumplir 70 años o a elevar los años de servicio”, dice.

Pero el ministro de Educación, Augusto Espinosa, asegura que incluso antes del decreto los docentes se podían jubilar con el 100% de bonos porque no están amparados en la Losep, sino en la LOEI. “Esto es un programa previo que ha tenido muy buena acogida y vamos a seguir intensificando las campañas”.

En agosto pasado, 468 docentes recibieron los primeros bonos. Este mes se sumarán otros 650, de los 7.000 preinscritos, según Espinosa.

Los bonos fueron emitidos con plazos de cinco a nueve años y pagan una tasa de interés del 5,07% al 6,21%. Sin embargo, en caso de que el jubilado tenga necesidad económica y decida venderlos, solo podrá hacerlo a través de casas de valores y con restricciones que los hacen menos atractivos. Por ejemplo, la prohibición de ser negociados con ninguna institución pública, como el Biess o la Corporación Financiera, las dos mayores compradoras de bonos.

El otro actor importante es la banca, que no podrá usarlos, por ejemplo, para cubrir el monto que por ley deben tener en el Banco Central en proporción a sus depósitos (encaje bancario). Eso implica, dice Melania Gutiérrez, gerenta de la casa de valores Advfin S.A., que los compradores se limiten a personas que tienen flujo sobrante y han decidido invertir. O a fondos de cesantía de diversos sectores, indica Germán Cobos, gerente de la casa SilverCross.

Ambos coinciden en que es mejor para el maestro esperar a que venza el plazo para recibir su dinero porque si vende, la estructura del bono (tasa de interés fija y retorno de capital a largo plazo) hará que quien lo compra exija descuentos –de hasta 30%– para mayor rendimiento.

En el 2012, en el mercado de valores, se negociaron bonos por $ 523,25 millones en valor en efectivo, según la BVG. De esos, el 9% ($ 49,33 millones) fue de bonos con restricciones similares a la de los maestros, pero con rendimientos del 9% al 12,25% a cinco años.

Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, objeta que en la reforma al reglamento no se haya contemplado una excepción en el caso de jubilación por invalidez y que todos los ajustes recaigan en los empleados, en lugar de priorizar gastos en otras áreas.

Juan José Castelló, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio, dice que tal como están estructurados los bonos dan un beneficio solo al Gobierno, de pagar hasta en diez años lo que debía desembolsar en cinco. Por eso cree que, al menos, se debería permitir al Biess comprar.

Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora de Jubilados, es crítico: “Un maestro no puede ir con un bono a comprar a la tienda o a la farmacia”.