La propuesta venezolana de crear una nueva corte regional de derechos humanos "está bien" si se orienta a proteger a las personas de forma imparcial y no a "legitimar lo que los gobiernos quieren", afirmó hoy en Panamá la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero.

"Si Venezuela quiere crear una corte, lo importante es que la corte tenga las garantías para funcionar bien. No se trata de crear cortes para que legitimen lo que los gobiernos quieren, las cortes deben ser independientes y deben supervisar a los gobiernos", declaró la colombiana Botero a los periodistas.

Para la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "está bien" que haya más organismos defensores de derechos fundamentales, siempre y cuando estos sean "fuertes, independientes y pueden entrar de manera imparcial, en serio, a mirar las violaciones a los derechos humanos de cada país".

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"Cuanto más controles haya, buenos controles, mejor para las personas", añadió Botero, que participó este martes en una conferencia magistral sobre los estándares de libertad de expresión en el Sistema Interamericano de Protección de los derechos humanos, organizado por el Ministerio Público panameño.

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, planteó el jueves pasado crear una corte regional que defienda los derechos humanos de las víctimas de las "invasiones" de Estados Unidos.

"Es hora de crear un mecanismo para enjuiciar y abrir un procedimiento a estas personas que en nombre de la Casa Blanca, del Pentágono y del Gobierno de Estados Unidos, invaden países, pero no sólo se quedan allí, sino que torturan", señaló la fiscal general de Venezuela, país que la semana pasada abandonó la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

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La CADH da base jurídica a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), órganos autónomos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, ha lamentado la retirada de Venezuela de la CADH, que se concretó el 10 de septiembre, y ha asegurado que "debilita" el sistema interamericano de Derechos Humanos.