Miembros de organizaciones de la sociedad civil que apoyaron a los pueblos de la frontera analizan las consecuencias del acuerdo anunciado por los dos países. Su primera inquietud es cómo realizarán el monitoreo de las fumigaciones si no respetan las franjas de exclusión de 10, 5 y 3 kilómetros.

Lina Cahuasquí, de la fundación FIAN, dijo que el canciller les informó la creación de una comisión de análisis conformada por tres funcionarios de cada país. “Tememos que ellos no sean personas técnicas y no tengan conocimiento de todo el proceso que han seguido las comunidades”.

Adolfo Maldonado, de la clínica Ambiental, que monitorea los efectos de las aspersiones, dijo que no se contempla en el acuerdo una partida para estudiar la presencia de glifosato, “eso requiere recursos, ¿quién pondrá ese dinero?”, dijo.

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Cahuasquí comentó su temor de que los $ 15 millones ofrecidos se destinen al pago de abogados internacionales que llevaron el caso.